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Por Álvaro Delgado Gómez
Vivimos en tiempo real una inédita disputa por el futuro de México: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido colocarse al frente de la coalición oficialista para garantizar la continuidad de su proyecto, con todas las implicaciones jurídicas, éticas e históricas, para vencer a la alianza del poder oligárquico —poder, no tonterías—, del que el PRIAN y la senadora Xóchitl Gálvez son sólo dos de sus muchos instrumentos.
Es un choque de poder a poder: Al frente de la oposición, cuya expresión partidaria es la coalición del PRIAN, están los jerarcas del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el organismo del sector privado que agrupa a los más ricos del país y que lideran Claudio X. González Laporte, Valentín Diez Morodo, Germán Larrea, Antonio del Valle Ruiz, Agustín Coppel Luken y Alejandro Ramírez, entre otros que dan recursos pero no dan la cara.
En este flanco de la oposición de derecha también hacen política instituciones del Estado, como el Poder Judicial que lidera la ministra Norma Piña —que incluye al Tribunal Electoral—, sectores del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y hasta las élites de instituciones educativas como la UNAM.
El poder oligárquico, antagónico al poder presidencial, se desdobla políticamente en 10 gobiernos estatales, parte del Congreso —el presidenciable Santiago Creel preside la Cámara de Diputados— y el Poder Judicial, así como prácticamente todos los medios de comunicación televisiva, radiofónica, escrita y digital, en la capital y en todo el país, que se ensamblan con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y “think tanks”, intelectuales y académicos, financiados casi todos por organismos patronales y hasta extranjeros.
El poder oligárquico, del que casi nadie habla en los medios de comunicación pese a su preponderancia e influencia en la vida nacional, no se somete a ninguna regla legal ni ética en su combate frontal al poder constitucional, que por definición debe estar sometido a la ley.
Cuando en la comentocracia y el periodismo de derecha hablan del poder suelen referirse sólo al poder presidencial, pero omiten, por maña o estupidez, a ese poder oligárquico que incluye el poder económico, el poder mediático, el poder religioso —cada vez más activo—, el poder intelectual y hasta el poder criminal.
Se quiere ocultar que este poder oligárquico dominó por décadas en México, en particular en el ciclo que inicia con Miguel de la Madrid —cuyo hijo Enrique quiere ser el instrumento para que vuelva—hasta Enrique Peña Nieto, y tiene el propósito de volver al costo que sea, incluyendo las trampas y el envenenamiento social que han practicado cuando ha estado en riesgo su hegemonía, como en 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, en 2006 contra López Obrador y ahora mismo.
Este poder oligárquico debe ser sometido también a escrutinio tanto como el poder constitucional y, específicamente, el poder presidencial que hoy ostenta López Obrador. Hay que subrayarlo: Son los dos poderes en pugna, no una indígena indefensa a expensas de un déspota, como la narrativa que impulsa la derecha sobre su inminente candidata.
Pero el hecho de que Xóchitl Gálvez sea servidora pública, que tiene fuero constitucional y es empresaria vinculada a los principales magnates del poder oligárquico, no significa avalar lo que puede constituir un abuso de poder de parte del Presidente López Obrador.
Porque no es menor el poder presidencial: Dispone de toda la estructura del gobierno federal, la mayoría absoluta del Congreso, los 23 gobiernos estatales de la coalición de la Cuarta Transformación y la oscura Fiscalía General de la República (FGR), instrumentos que solían ser parte de la simbiosis del poder político y el poder económico que estuvo vigente hasta el 2018, cuando las reglas neoliberales se rompieron.
El Presidente López Obrador puede y debe difundir información sobre el uso de recursos públicos en empresas privadas y está obligado a proceder si hay evidencias de corrupción, pero cuando hace pública información clasificada, como las relaciones contractuales entre privados, rompe los límites constitucionales y legales, por más que la información pueda ser de interés público.
No se puede estar de acuerdo con esa conducta del jefe del Estado mexicano, aunque se entienda que puede haber elementos de ilegalidad o por lo menos de inmoralidad, pero eso debe ser expuesto, en todo caso, por su partido o en el Congreso, no por la principal figura del Estado.
Y sí: Aunque no haya proceso electoral en curso, porque conforme a la ley inicia en septiembre, es claro que hay una intervención indebida del Presidente en la disputa electoral, como lo hizo Vicente Fox en su contra y no es congruente imitar tan deleznable conducta.
La izquierda debe ser derecha y no prestarse a la simulación y la ilegalidad, que la propaganda desplegada por los aspirantes presidenciales de Morena es eso, ni siquiera la simulación de los que se quejan que el Presidente López Obrador ataque a Xóchitl Gálvez y, al mismo tiempo, celebran que la está llevando a la Presidencia de la República.
Por cierto, más allá de los dos poderes en pugna, si la empresaria y servidora pública Xóchitl Gálvez ya ganó desde ahora la Presidencia de la República, porque López Obrador está fuera de sí y no deja de promoverla, no tiene lógica tanta rabia de sus patrocinadores y sus achichincles…
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