Álvaro Delgado
Por Álvaro Delgado Gómez
Alejandro Gertz Manero tenía cuatro meses como el primer fiscal general de la República cuando, a sus 80 años de edad, prometió no traicionar su deber de perseguir los delitos de alta corrupción como parte del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador, cuyo proyecto de nación —advertía— el viejo régimen apostaba a su fracaso.
“Este es un momento en el que se están midiendo las fuerzas —decía—: Se está viendo quién está de qué lado y quién es el que va a lograr algo. Todo el grupo que representa al viejo sistema está apostando, lógicamente, a que el nuevo sistema fracase. Eso es obvio”.
Hablé con Gertz Manero la tarde del jueves 30 de mayo de 2019, a medio año de que López Obrador tomó posesión como presidente de la República, y en su despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) le pregunté si atacaría la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, en específico del entonces fugitivo Emilio Lozoya.
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Respondió que éste era un caso emblemático de la corrupción del viejo régimen y él como fiscal cumpliría con su deber por una convicción personal: “Tenemos que devolverle la dignidad y la respetabilidad a esta función”.
Cinco años después de esa entrevista, en el ocaso del gobierno de López Obrador, no hay manera de no concluir que la gestión de Gertz Manero es un rotundo fracaso. Y sí: La apuesta del “viejo sistema”, como él la llamó, triunfó y la impunidad se impuso. El fiscal no pudo ni con el emblemático caso Lozoya, quien disfruta de la libertad y de la fortuna en su casa.
Gertz podrá decir que el proceso sigue, pero después de haber extraditado a Lozoya, de un criterio de oportunidad que fue un fiasco y con ese personaje dándose la gran vida, la frustración social por el engaño prevalece. El fiscal no fue capaz de hacer comparecer a Peña Nieto y a Luis Videgaray, involucrados en la trama de Agronitrogenados y Odebrecht.
El único preso por los sobornos que Lozoya afirmó le fueron entregados a senadores del PAN a cambio de aprobar la reforma energética, Jorge Lavalle Maury, está libre y el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, implicado también en la trama, es ya senador electo.
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Pero así como estos dos casos de la alta corrupción del gobierno de Peña Nieto, otros que son también emblemáticos tampoco prosperaron en la aplicación de la justicia: Rosario Robles Berlanga, acusada del multimillonario desvío conocido como la “estafa maestra”, está libre y los 31 funcionarios de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fueron exonerados.
La investigación sobre enriquecimiento ilícito de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, está congelada, lo mismo que la del exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca aparece en comilonas.
Hasta la tentativa de Gertz Manero de reabrir el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio resultó fallida.
En aquella conversación de mayo de 2019, Gertz advertía también que no habría que perder de vista la actuación del Poder Judicial: “En mi calidad de fiscal puedo iniciar un procedimiento, llevarlo ante un juez y litigarlo. Lo que yo no puedo garantizar son las conductas de los jueces. Ahí sí vámonos entendiendo”.
Pero hasta en las quejas sobre los jueces Gertz ha callado.
En la FGR del fantasmal Gertz Manero nada camina, incluyendo el caso Ayotzinapa. Las siete fiscalías especializadas, entre ellas la anticorrupción, son una estructura gigantesca de servidores públicos que no se ven ni se sienten, aunque, eso sí, consumen 19 mil 333 millones de pesos anuales.
Aunque la FGR es constitucionalmente autónoma, el costo político de la gestión de Gertz Manero se le transferirá al presidente López Obrador, quien lo propuso al Senado para un cargo de nueve años. Es decir, estará en el cargo hasta el 2028, cuando tenga 89 años de edad.
No sólo eso: Gertz Manero no le rinde cuentas a nadie, pero tampoco se las pide nadie del oficialismo ni de la oposición. Menos aún de lo medios. Es un poder absoluto, al que casi todos temen.
Una explicación de por qué la FGR es un fiasco puede ser que Gertz se sintió cómodo con la herencia de Peña Nieto y Alberto Elías Beltrán, el último procurador:
Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en derechos humanos, fue subprocuradora con Raúl Cervantes, el sucesor de Jesús Murillo Karam; Óscar Langlet González, coordinador de asesores de Gertz, ocupó el mismo cargo con Elías Beltrán, y el actual titular de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, fue jefe de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala en el gobierno de Peña.
En efecto, en la FGR no son iguales a los altos funcionarios de Peña Nieto, porque son los mismos. Y aunque López Obrador concluye su gobierno este 30 de septiembre, Gertz Manero acompañará a la presidenta Claudia Sheimbaum la mitad de su sexenio. Sí: Es muy negro el panorama.
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