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Por Álvaro Delgado
El Instituto Nacional Electoral (INE) está podrido. Y esta putrefacción, que nació de la lógica facciosa de cuates y cuotas que le imprimieron los partidos políticos, no comenzó con el actual proceso de elección de cuatro de los once consejeros, incluida su presidenta, sino desde hace muchos años.
No hay que olvidarlo: El INE tiene la obligación de organizar procesos electorales impecables con base en los principios constitucionales de imparcialidad, legalidad, autonomía, objetividad, certeza y máxima publicidad, pero la lógica facciosa de varios de sus integrantes lo ha convertido en un órgano político que traiciona a la sociedad.
Salvo por un breve periodo y con algunos que han sido la excepción, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y luego del INE se han alejado de esos principios constitucionales y se han sometido a los partidos políticos y a los poderes fácticos que los condujeron a esa posición, en una servidumbre que envenena a la democracia.
En breve los mexicanos sabremos quiénes serán los cuatro nuevos consejeros electorales y si vuelve a imponerse el reparto de posiciones partidarias y, en caso de que sea por insaculación por tómbola, como dice la derecha-, cómo quedan los equilibrios en el Consejo General, sobre todo ante la inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de lavarse las manos sólo anulando la reforma electoral denominada Plan B por violaciones al proceso legislativo y sin entrar a analizar si los artículos son constitucionales o no.
Al INE y sobre todo a la sociedad le urge terminar una etapa e iniciar otra que cumpla con su deber constitucional, no con las ambiciones futuristas de personajes como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que violentaron con su conducta los principios constitucionales que juraron respetar.
Muchos no lo saben y otro tanto no quieren recordarlo, pero hace 12 años, el 15 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados eligió a Lorenzo Córdova Vianello como consejero del entonces IFE, quien tres años después, en abril de 2014, se convirtió en presidente del naciente INE, del que se despide el próximo lunes 3 de abril, con una fortuna multimillonaria.
Córdova Vianello llegó a la presidencia del INE gracias a Enrique Peña Nieto, en pago por no ver todas las trampas que hizo éste en su campaña presidencial, y porque el grupo al que pertenece, que lideran José Woldenberg y Héctor Aguilar Camín, desde Carlos Salinas se han plegado a las políticas del PRI y han sabido concitar, también, el respaldo del PAN con el ropaje de izquierda que sedujo a perredistas.
Pero ahora que se habla de la posibilidad de que la nueva presidenta del INE y otros consejeros sean afines a Morena y al proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador es oportuno recordar a quiénes se eligió el mismo día que Córdova: A María Marván Laborde y Sergio García Ramírez.
Aunque Marván no tiene militancia formal en el PAN, fue secretaria técnica de ese partido en el Congreso de Jalisco y desde entonces fue impulsada primero como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y luego como consejera del IFE, con el respaldo de Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación de Felipe Calderón.
Su nombramiento para esos cargos, como el del propio Córdova, tenía una lógica partidaria revestida de supuesta sociedad civil, pero el caso de García Ramírez es más oprobioso: No sólo había sido titular de la Procuraduría General de la República con Miguel de la Madrid, sino que unos años antes había sido secretario general del CEN del PRI, con una militancia formal que tenía al momento de ser electo.
Qué más lógica facciosa en el IFE, ahora INE, que designar a militantes y simpatizantes de un partido o de una coalición electoral.
Pero esto no comenzó en 2011, con estos tres nombramientos, sino prácticamente una década antes, en 2003, cuando PRI y PAN excluyen a la izquierda y se repartieron el Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.
Hay que hacer memoria: El PAN colocó a María Teresa González Luna Corvera, nieta del fundador Efraín González Luna; Arturo Sánchez Gutiérrez, compadre del secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Calderón, Juan Molinar Horcasitas, así como a Rodrigo Morales Manzanares y a Andrés Albo, amigos literalmente de borracheras de quien sería impuesto en la Presidencia de la República.
El PRI, que presidía Roberto Madrazo y cuya secretaria general era Elba Esther Gordillo, colocó como presidente del IFE a Luis Carlos Ugalde Ramírez, quien había sido asesor en el PRI y en la embajada de México en Washington de Jesús Reyes Heroles González Garza.
Otro consejero de muy clara militancia en el PRI fue Marco Antonio Gómez Alcántar, quien había sido representante de ese partido ante el IFE en 1994, y otro militante priista más fue Virgilio Andrade Martínez, un amigo de Luis Videgaray quien con Peña Nieto sería secretario de la Función Pública.
También como parte de la lógica facciosa que desde 2003 se impuso en el IFE y luego en el INE hay que insistir en la posición que se le otorgó en el órgano electoral al Consejo Coordinador Empresarial (CCE): Alejandra Latapí Rener, enlace con la Cámara de Diputados y pareja del fallecido Fernando Solana, canciller con Carlos Salinas.
Y como estos consejos partidarios y facciosos se han elegido otros, incluyendo a secretarios ejecutivos, como el primero que hubo como IFE autónomo: Antonio Solís Acero sería después diputado federal del PRI.
Formalmente, Edmundo Jacobo Molina no milita en ningún partido político, pero sí milita en la oposición, como Córdova, tanto que hasta se reúnen en secreto con los partidos antagónicos al gobierno. Tiene derecho a ser opositores, pero no alinear a esa posición al órgano del Estado que constitucionalmente debe ser el árbitro en la diputa por el poder.
El retiro de cuatro consejeros electorales, entre ellos Córdova y Murayama, da oportunidad a que el INE se recomponga o que se profundice su putrefacción si se mantiene la lógica facciosa de los que están y de los que llegan.
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