Redacción El Coahuilense
Por Diego García Corpus/CEDIL
El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans, una fecha dedicada a recordar a las víctimas de la transfobia y la discriminación por la diversidad de género en todo el mundo. Sin embargo, esta jornada no sólo sirve para recordar; también es una oportunidad para visibilizar las necesidades urgentes de la comunidad trans.
Recientemente varias figuras políticas en estados como la Ciudad de México, Hidalgo y Tamaulipas han destacado la importancia de legislar y abordar estas necesidades, reconociendo las profundas deficiencias en este ámbito en nuestro país.
Si bien en distintas latitudes de México y América Latina se han tomado medidas afirmativas para prevenir y erradicar la discriminación y los actos de violencia contra las personas género y sexo disidentes, es ampliamente conocido que los actos de violencia continúan ocurriendo simplemente por ser quienes son.
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No podemos olvidar que las personas género diversas, así como quienes pertenecen a los colectivos LGBT+, han sido históricamente vulneradas de manera cotidiana en actos que nuestra sociedad ha llegado a normalizar.
La violencia hacia las personas trans y género disidentes en México tiene profundas raíces históricas y culturales que datan de la época colonial. La imposición de normas binarias y heteronormativas no sólo creó estigmas hacia las identidades diversas, sino que perpetúa un ciclo de violencia y exclusión que continúa hasta hoy. Actos violentos como el acoso y las burlas se justifican con excusas como el “bienestar de las buenas costumbres”, las “tradiciones morales” o incluso la salud mental. Estas justificaciones enmascaran una realidad sombría: México es el segundo país más peligroso para ser una persona trans, sólo detrás de Brasil.
Según datos de Transrespect.org, un sitio dedicado a visibilizar la violencia contra personas trans en el mundo, México ocupa el segundo lugar en número de casos de transfeminicidio. Entre 2022 y 2023 se registraron 103 casos de transfeminicidio, una cifra alarmante que evidencia el clima social hostil al que las personas trans deben enfrentarse a diario. Para profundizar en este contexto, en México la población LGBT+ se calcula en cerca de cinco millones de personas, de las cuales 74.8% ha reportado haber sido víctima de algún tipo de discriminación. Este contexto deja claro que la legislación actual no siempre garantiza protección efectiva contra la violencia, destacando la necesidad urgente de una reforma integral que atienda este tipo de problemáticas.
Para muchas personas trans en México salir de casa representa un riesgo constante. Condiciones como la negación de servicios médicos o la discriminación en el empleo ejemplifican las múltiples barreras que enfrentan, mismas que a menudo resultan insuperables.
La falta de acceso a derechos básicos perpetúa un círculo de pobreza y marginación. A esto se suma que muchas veces los casos de violencia extrema son clasificados de manera errónea, lo que implica una negación de justicia para las víctimas.
La tipificación del transfeminicidio como un delito específico enfrenta retos importantes, desde la resistencia política hasta la falta de capacitación de las autoridades. No obstante, su relevancia radica en el reconocimiento de la identidad de las víctimas, su dignificación y la garantía de que no se les revictimice.
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El Día Internacional de la Memoria Trans no sólo honra a quienes hemos perdido, sino que también invita a la reflexión y a la acción. Es un recordatorio constante de que la lucha por los derechos de las personas trans está lejos de terminar y que la sociedad debe asumir la responsabilidad de garantizar espacios seguros y libres de violencia.
Este día nos urge a cuestionar las estructuras que perpetúan la transfobia y a trabajar activamente para erradicarlas, desde la creación de políticas inclusivas hasta la promoción de la educación en diversidad de género.
También nos recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, puede contribuir a un cambio significativo: desde el apoyo a las iniciativas comunitarias hasta la visibilización de las historias trans en los medios.
Sólo mediante un compromiso colectivo y constante podremos avanzar hacia un mundo más equitativo y justo para todas las personas trans y género diversas.
La memoria de quienes han sido arrebatados por la violencia no sólo debe servir como un lamento, sino como un motor de cambio. Recordar sus nombres y sus historias es un acto de justicia y dignidad que desafía el olvido impuesto por una sociedad que ha normalizado estas tragedias.
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