El silencio inaceptable

Por Gabriela María De León Farías*

La reciente revelación de los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Jalisco nos enfrenta a una realidad desgarradora que, aunque no es comparable en escala, evoca la misma sensación de horror que los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, bajo el yugo de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, la brutalidad y la deshumanización son el resultado de una falla sistémica: en Auschwitz-Birkenau, fue el Estado que permitió y ejecutó el genocidio; en México, es la combinación de la violencia del crimen organizado y la incompetencia de las autoridades para proteger a sus ciudadanos.

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La comparación entre ambos escenarios no busca equiparar las dimensiones históricas, sino resaltar la gravedad de la situación actual en México. Mientras que en Auschwitz-Birkenau la maquinaria estatal fue utilizada para exterminar a millones, en México, la falta de estado de derecho combinada con la inacción y la omisión de los organismos e institutos de derechos humanos permiten que la violencia se perpetúe. La ausencia de una respuesta efectiva ante las desapariciones forzadas y los hallazgos macabros en el Rancho Izaguirre es un reflejo de la falta de estado de derecho, lo que se materializa en la debilidad institucional y la falta de voluntad política para abordar la crisis de seguridad.

En ambos casos, la sociedad se enfrenta a la pregunta de cómo pudo ocurrir algo tan atroz. En Auschwitz-Birkenau, fue el silencio cómplice de muchos; en México, es el silencio de los organismos e institutos de derechos humanos combinado con la inacción de las autoridades. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado a garantizar el acceso a la información para esclarecer las desapariciones, pero estas palabras no se traducen en acciones concretas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha condenado la violencia, pero su capacidad para influir en la resolución de estos problemas es limitada. Tanto a nivel federal como local, las comisiones de víctimas, organismos e instituciones de derechos humanos han sido incapaces de proponer políticas públicas eficientes para abordar el problema. Se requiere tener un rumbo y concentrar los recursos públicos en fortalecer a las fiscalías y los sistemas de seguridad con la visión de una política de Estado, evitando acciones desmembradas y solo reactivas. Lo urgente es evitar que situaciones como estas se sigan dando en México, se debe de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin olvidar el derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad, por dolorosa que esta sea. Voltear hacia otro lado y minimizar el problema no contribuye a la solución.

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¡Vaya paradoja!  Al término de la segunda guerra mundial surgió el sistema internacional de derechos humanos que hoy conocemos, con el único objetivo de evitar la repetición de los horrores que se cometieron en Auschwitz-Birkenau. Contradictoriamente hoy en México, con el sistema implementado, con recursos abundantes para organismos, instituciones y academias de derechos humanos, repetimos las conductas que precisamente se querían evitar. 

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La normalización de la violencia en México es un peligro que amenaza con deshumanizar a la sociedad. Al igual que en el pasado, cuando se permitió que la barbarie se convirtiera en algo cotidiano, hoy en día la indiferencia ante las desapariciones y los hallazgos como los del Rancho Izaguirre puede llevar a una aceptación tácita de que este es el nuevo orden. Sin embargo, es crucial recordar que la violencia no debe ser aceptada como parte del paisaje cotidiano. La sociedad debe exigir responsabilidad a las autoridades y a los organismos de derechos humanos para que actúen con firmeza y transparencia.

En conclusión, el horror del Rancho Izaguirre y la ineficacia de los organismos e instituciones defensoras de derechos humanos en México nos recuerdan que la protección de la vida humana y la justicia deben ser prioridades absolutas. La sociedad no puede permitir que la violencia se normalice ni que la impunidad se convierta en la regla. Es hora de exigir cambios estructurales y de actuar con determinación para evitar que más tragedias como esta ocurran en el futuro.

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