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Por Álvaro Delgado
El tema es de inmensa gravedad para la patria: El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió, desde antes del inicio de su gobierno, a erradicar el espionaje contra los mexicanos, pero hay evidencias de que esa práctica represiva prevalece en el Ejército.
Y la gravedad no es solamente que exista el espionaje que, sin la autorización de un juez en la investigación de delitos, viola la Constitución y vulnera los derechos humanos, sino sobre todo porque representa un desacato de los militares al comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Debe recordarse que el 15 de julio de 2018, dos semanas después de ganar las históricas elecciones, el presidente López Obrador se comprometió a erradicar el espionaje en su gobierno, específicamente en el punto 40 de un plan de 50, lo que marcó un parteaguas con los gobiernos que lo precedieron y que gastaron miles de millones de pesos con ese objetivo:
“Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y al combate a la delincuencia.”
Ahora sabemos por una investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que es un laboratorio de expertos que estudia el sistema Pegasus, que los teléfonos celulares del periodista Ricardo Raphael de la Madrid, de otro del sitio Animal Político que no quiso ser identificado y del activista tamaulipeco Raymundo Ramos Vázquez fueron atacados con ese sistema y que no son los únicos.
Sabemos también que este mismo sistema Pegasus lo adquirió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio, según la documentación extraída por quienes hackearon esa institución.
En medio de la disputa por la verdad verdadera sobre lo que ocurrió el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, con los normalistas de Ayotzinapa, pero también en el contexto de las investigaciones sobre la guerra sucia contra los movimientos sociales desde los sesenta, las evidencias de que el Ejército espía a mexicanos exigen una respuesta institucional esclarecedora.
¿Por qué el Ejército mantiene una práctica que viola la Constitución y los derechos humanos? ¿Por qué mantienen los militares el espionaje, pese a que el Presidente de México se comprometió públicamente a erradicar? ¿Por qué desacatan esa orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas? ¿O fue el presidente de México quien les dio la instrucción de hacerlo?
Hay un ambiente enrarecido en México, como parte de la tremenda disputa por la nación y su futuro, y el flujo de información interesada exige que haya respuestas institucionales creíbles, sobre todo en el espionaje contra particulares, cuando los instrumentos tecnológicos deben estar enfocados al desmantelamiento de estructuras criminales, no de movimientos sociales, incluidos los de oposición.
Se entiende que las Fuerzas Armadas, que tienen como misión legal defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas, haga labores de monitoreo y de acopio de información, pero no que hagan seguimiento y vigilancia con mecanismos tecnológicos intrusivos, como Pegasus, el software que permite el acceso a toda la información contenida en un equipo telefónico, incluso la que se encuentra encriptada.
El espionaje desde el gobierno representa una traición al compromiso del presidente López Obrador, pero si viene de las Fuerzas Armadas es todavía peor, porque es un desacato a su comandante supremo, como define el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Las evidencias del espionaje desde las Fuerzas Armadas contra periodistas y defensores de derechos humanos, como se hizo de manera indiscriminada con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sólo da la razón a quienes alertan sobre los peligros de la creciente presencia militar en la vida pública de México.
Urge un diseño institucional para que estas mismas Fuerzas Armadas sean transparentes y rindan cuentas no sólo de su actuación en el pasado, como la guerra sucia contra los movimientos sociales desde la década de los sesenta, sino en el presente y más específicamente en el caso de la Noche de Iguala.
Lo que está sucediendo en México tiene que ver, sin duda, con el procesamiento de mandos del Ejército sobre el caso Ayotzinapa, como el general José Rodríguez Pérez, vinculado al asesinato de seis de los 43 normalistas, y las maniobras para que no se sepa toda la verdad.
Lo que en los días recientes ha sucedido exhibe que el Ejército es vulnerable a los ataques y, también sigue tendiendo ímpetus represivos, como el repugnante espionaje que practica violando lo que dispone la ley y desobedeciendo lo que ordenó el Presidente de México.
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