Álvaro Delgado
Por Álvaro Delgado Gómez
Mentira: El Poder Judicial y sus sabotajes no son asunto sólo de leyes y abogados, sino del interés de todos los mexicanos que, en su mayoría, saben que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que encabeza Norma Piña, junto con sus asesores del PRIAN, ha decidido pisotear la Constitución para defender con los peores recursos de la antidemocracia, incluyendo la violencia, los intereses más ruines de México y de sus socios extranjeros.
Pese a que la elección de los juzgadores por voto popular ya está en la Constitución, y ninguna reforma constitucional es impugnable, Piña y los ministros que la apoyan desafían el mandato constitucional hasta el punto de tramar su nulidad sin tener ninguna facultad, sólo por su propia arrogancia y aconsejados por Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y Lorenzo Córdova, entre otros asesores externos que ya acreditaron sus límites al desbarrancar a Xóchitl Gálvez y aniquilar al PRD.
Pero no todo es malo: Gracias a la rebelión de los jueces, que va más allá de su paro todo pagado que los mexicanos no apoyan, se han logrado transparentar —como pocas veces en la historia— los peores intereses en juego. Involuntariamente, los juzgadores han definido con su propia conducta a quiénes en realidad defienden y representan.
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Para empezar, los juzgadores no defienden a los mexicanos comunes, a quienes en mes y medio de paro todo pagado les han negado el acceso a la justicia y, en los hechos, están representando a los criminales al no librar las órdenes de aprehensión para que los fiscales actúen.
Sí: La pachorra de los juzgadores está afectando vidas e integridad física, sicológica y patrimonial de mexicanos.
Luego, no debe olvidarse que el núcleo de los ministros de la SCJN responden y a los intereses de quien los impulsó: Felipe Calderón lo hizo con Luis María Aguilar Morales, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, mientras que Enrique Peña Nieto colocó a Javier Laynez Potisek y a Norma Piña Hernández, la presidenta, todos inclinados a los mismos intereses económicos y políticos del PRIAN, cuando fueron votados por el Senado.
Hay un caso particular, aunque no único, de defensa de los intereses de los multimillonarios de México: Gutiérrez Ortiz Mena fue designado por Calderón titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre 2008 y 2012, en acuerdo con el PRI —cuando se condenaron miles de millones de pesos en impuestos a los grandes contribuyentes— y luego, en 2012, fue votado por el PRIAN como ministro de la SCJN.
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Detrás de Gutiérrez Ortiz Mena, quien buscó ser presidente de la SCJN con el apoyo de Arturo Zaldívar, están los intereses de personajes como Carlos Salinas, Pedro Aspe, Emilio Gamboa Patrón, como fue informado documentalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo vetó.
Este amasijo de intereses se transparenta también con funcionarias y funcionarios de la SCJN de Norma Piña, quien fue impulsada por Peña mediante su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien la ministra llama “primo”.
Los dos brazos principales de Piña son Natalia Reyes-Heroles Scharrer, secretaria general de la presidencia de la SCJN, y la Oficial Mayor, Dimpna Gisela Morales González.
La primera es hija de Federico Reyes Heroles González Garza, fundador de Transparencia Mexicana, quien desde que Piña llegó a la presidencia de la Corte coordina las reuniones de cada jueves en su propio domicilio de San Jerónimo —como lo reveló Alejandro Páez Varela—, y su esposo, Javier Orozco Becerra, está vinculado a los intereses energéticos como gerente de Desarrollo de Negocios de NEOmexicana.
Y, por su parte, Morales González es una allegada al diputado federal del PAN Germán Martínez Cázares, quien la nombró directora de Finanzas del IMSS en su breve periodo como director en el Gobierno de López Obrador y luego fue coordinadora de Administración y Finanzas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre 2020 y 2021, con Sergio López Ayllón.
Otra estrecha colaboradora de Piña es Fernanda Casanueva de Diego, secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, quien antes fue oficial mayor de Luis Videgaray Caso en las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Peña Nieto.
Otro de los operadores directos de Piña es Ricardo Márquez Blas, el coordinador de Fortalecimiento Institucional de la SCJN, un colaborador directo del narcotraficante Genaro García Luna cuando fue secretario de Seguridad Pública de Calderón.
Como informé en marzo de 2023, Piña no sólo ha tenido el apoyo de Peña —Piña es Peña—, sino también reclutó a quien fue la coordinadora de comunicación social de la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota por la Presidencia de la República en 2012, Karla Garduño Morán, quien fue la directora de Información del Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Lorenzo Córdova, uno de los asesores de la ministra.
Este somero repaso del grupo que rodea a Norma Piña ejemplifica el amasijo de intereses que se atrinchera en la SCJN, en el Consejo de la Judicatura —donde sus asesores son José Alfonso Montalvo Martínez y Sergio Javier Molina Martínez — y en todo el Poder Judicial, convertido en oposición política a la Presidenta Claudia Sheimbaum y al Congreso.
La revisión que el pleno de la SCJN hará de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que es ya ley suprema por decisión del Constituyente Permanente, representa un desafío político de los jueces, porque ellos mismos saben que no tiene ningún fundamento constitucional.
Una cosa es cierta: Para ellos no habrá final feliz.
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