Redacción El Coahuilense
Por Arturo Rodríguez García
Sin señales claras de querer ir a fondo ante diversas acusaciones y señalamientos por relaciones con el crimen organizado, Morena parece ir sin mayor complicación a la elección que habrá de celebrarse dentro de poco más de 100 días.
Dichos señalamientos y acusaciones proceden principalmente de trabajos periodísticos que –ciertamente con vulnerabilidades– son retomados por las oposiciones al partido gobernante.
Ayer, la candidata Xóchitl Gálvez, llamó a indagar el llamado huachicol fiscal, es decir, la introducción de gasolina haciéndola pasar por aditivos a través de las aduanas tamaulipecas. La razón es que desde hace años, se habla de la presunta relación del dirigente de Morena, Mario Delgado, con el empresario Sergio Carmona –asesinado en noviembre de 2021—a quien se le atribuía la operación.
Además de Mario Delgado, otros morenistas como el hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, habrían sido beneficiarios de esa trama de corrupción y tráfico de hidrocarburos. Ambos han negado la relación y las entregas de dinero u otros beneficios, muy a pesar de la tinta que ha corrido al respecto, la existencia de comunicaciones reveladas por Código Magenta y algunas filtraciones de los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Poco afortunado fue el reportaje sobre la captación de recursos a la campaña de López Obrador en 2006, debido al avejentamiento del caso, la inexistencia de pruebas y el cierre de la carpeta del lado estadunidense. Sin embargo, ha dado la posibilidad de que se impulse la tendencia #narcopresidente mientras que el hoy mandatario solo responde en mañaneras.
Con esas polémicas en el debate público, tres episodios locales aumentan los ánimos de la oposición en la materia: primero, la expulsión de la alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez, quien acusó la presencia de delincuencia organizada en actos de Claudia Sheinbaum, por lo que fue expulsada del partido.
Siguió la tensión en Morelos, por la forma en que la violencia política se manifiesta en el estado de Morelos, con ataques y asesinatos dentro del proceso electoral, donde la candidata que aspiró a ser por Morena y es hoy de la coalición PRI-PAN-PRD, Lucy Meza, es objeto de amenazas contra su vida en el contexto de las denuncia por corrupción hacia el gobierno del saliente Cuauhtémoc Blanco.
Y, por supuesto, la serie de asesinatos de integrantes de la familia Monreal en Fresnillo, dos homicidios consecutivos que sin esclarecimiento han permitido criminalizar a la familia víctima –ciertamente poderosa y caciquil en esa localidad— en el contexto del triunfo de Caty Monreal en la encuesta para ser candidata a la alcaldía Cuauhtémoc.
Hay momentos en los que negar acusaciones o señalamientos no basta, especialmente, de cara a un proceso electoral, tan es así que los episodios de las últimas semanas permiten advertir que la relación crimen-política será parte de la línea narrativa opositora en los próximos tres meses, mientras que de la parte oficialista, se han limitado a negar, negar, negar.
Paradojas inmobiliarias
En la Ciudad de México, donde el sexenio que concluye se esforzó en señalar al llamado “Cartel Inmobiliario” con puro panista en la mira, resulta que los intereses se han cruzado y, Mauricio Tabe, acaba de evidenciar el doble discurso:
En la alcaldía Miguel Hidalgo, el panista puso un alto al gobierno capitalino al rechazar nuevas solicitudes de cambio de uso de suelo que permitirían la realización de obras de grandes dimensiones.
Resulta preocupante ver ese doble discurso morenista que por un lado critica el desarrollo inmobiliario, mientras que por otro, desde la Seduvi de Carlos Ulloa, se promueven obras irregulares.
Acuerdos de San Andrés
Ayer, 16 de febrero, se cumplieron 28 años desde la firma de los Acuerdos de San Andrés, cuyo incumplimiento ha dejado vivas las causas que dieron origen al alzamiento zapatista de 1994.
Ni duda cabe que hay esfuerzos importantes en materia de derechos para los pueblos indígenas que, sin embargo, siguen sin tener acceso a un cambio definitivo ni mejora sustancial de sus condiciones de vida. La razón radica en el bloqueo de dichos acuerdos por el gobierno de Ernesto Zedillo que siguieron los demás presidentes.
Y, sin embargo, su construcción fue un proceso ejemplar que hoy parece tan lejano como el año 1996, cuando se firmaron. Porque pocas veces en este país, hemos visto el consenso de la sociedad civil, en ese caso representada por los pueblos zapatistas, con los representantes de los partidos predominantes (Jaime Martínez Veloz por el PRI, Heberto Castillo por el PRD, Luis H Álvarez por el PAN) y un obispo, don Samuel Ruiz, que facilitó el diálogo.
Hoy, lo que hay es una distancia infranqueable entre fuerzas políticas, obispos que articulan pactos narcos y una misma cerrazón a la construcción de acuerdos en Palacio Nacional.
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