Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
Twitter: @Arturo_Rdgz
El robo y comercio ilícito de gas licuado de petróleo (Gas LP) ha crecido hasta convertirse en un monstruo descontrolado que no sólo perjudica al sector gasero legítimo, sino que también arrastra a los consumidores y pone en peligro las arcas del país. Este delito ha alcanzado dimensiones preocupantes que no deben ser ignoradas.
De acuerdo con el reporte anual del Observatorio Ciudadano IGAVIM, entre 2016 y 2024 se contabilizaron 12 mil 265 tomas clandestinas del llamado “huachigas” a nivel nacional, con Puebla, gobernado por Alejandro Armenta, en primer lugar de la lista con 426 tomas, casi el 20% del total. A pesar de los esfuerzos para combatir este delito, en esta misma entidad cada 20 horas en promedio, se detecta una nueva conexión ilegal.
Le siguen Veracruz, de Rocío Nahle, con una cada día y 12 horas; Tlaxcala, de Lorena Cuéllar, con una toma detectada cada 2 días y 21 horas, y el Estado de México, de Delfina Gómez, con una cada 3 días y 21 horas.
Se calcula que el robo de gas LP golpea de manera severa a PEMEX, con un volumen de 50 mil toneladas mensuales, lo que equivale –sólo para dimensionar a nivel de cancha– a 2 millones y medio de cilindros de 20 kilos cada mes. Este robo genera una pérdida económica superior a los 16 mil millones de pesos anuales para la empresa.
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Según el análisis de IGAVIM, los costos para la reparación y desactivación de tomas clandestinas fueron por más de 56 millones de pesos el año pasado.
Aunado a la afectación económica, también se pone en riesgo la seguridad de la población. Las gaseras clandestinas, que operan sin ningún tipo de regulación, se han convertido en bombas de tiempo. Ejemplo de ello fue la explosión en San Pablo Xochimehuacan, Puebla, aquel 31 de octubre de 2021, cuando una toma clandestina de gas LP provocó tres estallidos consecutivos, causando la muerte de varios integrantes de una familia, la destrucción de 64 viviendas y la evacuación de 2 mil personas.
Este tipo de actividades ilegales no solo son rentables para los delincuentes, sino que también representan una amenaza constante para los hogares y negocios en las regiones más afectadas, como Chalco, Ecatepec, Tepeaca y Tlalancaleca.
Además, el “huachigas” ha provocado una competencia desleal, afectando a las gaseras legales, que se ven obligadas a lidiar con precios artificialmente bajos impuestos por la delincuencia.
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Resulta preocupante que el combate al “huachigas” haya sido delegado principalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo la dirección de Omar García Harfuch, cuando el verdadero trasfondo de este fenómeno radica en una cuestión económica.
El crecimiento del mercado negro de gas LP, a través de las tomas clandestinas, es una consecuencia directa de la insuficiencia en las tarifas de distribución que la Secretaría de Energía (SENER) de Luz Elena Gónzalez Escobar, heredó de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Urge que las autoridades, encabezadas por la Sener, se sienten a negociar y acuerden una solución que no conlleve a la pérdida de empleos que afectan a cerca de 800 mil trabajadores en el sector, y a más de un millón de personas que dependen indirectamente de este combustible para su sustento.
Las tarifas deben ser justas para garantizar un servicio de calidad, mantener la infraestructura necesaria para una distribución segura y asegurar que el negocio de los “huachigaseros” no se convierta en una amenaza aún mayor para la estabilidad social y económica del país.
Contribuciones en descarbonización
Al considerar la Agenda 2030, así como las metas que la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete incluyeron en el Plan México para mitigar el cambio climático y apostar por la sostenibilidad del autotransporte, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), de Rogelio Arzate en conjunto con autoridades, expertos, ONG´s y sociedad civil, trazó la ruta por la descarbonización en un foro especializado.
Las diversas modalidades de transporte contribuyen con el 20.7% de las emisiones de carbono, de este porcentaje, el 7.8% corresponde a los vehículos pesados, ante ello, desde la industria buscan sumar a su reducción, por lo que entre las principales acciones ya se apunta a la generación de estudios, incentivos y programas de chatarrización para conseguir la modernización de la flota a nivel nacional, tarea que aunque se antoja retadora, se ubica como una de las áreas de urgente atención para mejorar la salud pública, las condiciones medioambientales, además del servicio brindado a los usuarios.
Vientos de cambio en Durango
El doctor José Ramón Enríquez oficializó su candidatura por la alianza Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Durango, una entidad donde la delincuencia, la violencia intrafamiliar y los feminicidios traen de cabeza al gobernador Esteban Villegas y al actual presidente municipal de la capital, Antonio Ochoa.
El mencionado Ochoa, quien busca la reelección y, por cierto, improvisó de última hora la inauguración del Hospital del Niño 460, coincidentemente en la hora del registro de Enríquez ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que preside Roberto Herrera Hernández. ¿Será que los últimos sondeos de intención de voto encendieron las alarmas en Palacio Municipal, donde el obradorismo va en caballo de hacienda tanto en Durango capital como en Lerdo? Se prevé aumento de temperatura en la entidad.
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