Por Arturo Rodríguez García
Todo indica que Norma Piña no tiene claro el “deber ser” de su posición. Como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habría de destacarse por su imparcialidad y prudencia. Pero, por el contrario, no deja de generar polémica en un escenario de por sí agitado ante los tiempos político-electorales o postelectorales.
Uno de los reproches más recientes fue la felicitación que dio a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, sin importar que el Tribunal Electoral, donde manda Mónica Soto, aún no ha levantado la mano de la morenista para reconocer el triunfo oficialmente. Cuestión de formas republicanas.
Las críticas que apuntan a una supuesta interferencia en asuntos que no están dentro de su competencia se refuerzan al enumerar otros hechos: por ejemplo, su inesperado mensaje para abrirse al diálogo sobre los planes del Poder Ejecutivo para reformar al Judicial, sobre todo porque además que diversos puestos de elección popular siguen sin definirse, Piña Hernández se había hecho fama por mostrarse cerrada al intercambio de ideas con desplantes hacia el Legislativo, un hábitat de naturaleza política en el que Piña se ha ganado fama de soberbia.
El historial de tropiezos de la presidenta de la Corte es vasto, incluye demandas y errores significativos al corto tiempo de su liderazgo, entre ellos, la desafortunada cena que realizó a finales de 2023.
Y es que sin dar información clara sobre la asistencia del dirigente tricolor Alejandro Moreno, convocó a magistrados electorales al encuentro, lo que incrementó las tensiones entre el órgano que encabeza y la 4T.
Además, en el Senado de la República aún no ha nombrado al sexto integrante de la Sala Superior del TEPJF, miembro necesario para reunir el quórum necesario a fin de calificar la elección presidencial, lo que pudiera generar la necesidad de hacer interpretaciones de la ley para cubrir el puesto faltante, ante lo cual la magistrada electoral Janine Otálora ha planteado la posibilidad de recurrir a la ahora cuestionada Corte en busca de asesoramiento, aunque estimó que los análisis pudieran realizarse únicamente entre los cinco integrantes actuales, en caso que no hubiese una decisión desde la Cámara alta.
Resurgen nombres
El huracán de Morena ha traído de todo. Por ejemplo, los nombres de veteranos de otras lides políticas en busca de su supervivencia.
Un caso es Vicente Mendoza Téllez-Girón, exsecretario de Finanzas de Oaxaca, quien ha vuelto a la lupa dada la preocupación que surgió luego de la posible inclusión en el círculo cercano de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
Hay que recordar que Mendoza Téllez-Girón, íntimo amigo del ex mandatario oaxaqueño, aún es investigado por su desastrosa gestión entre 2019 y 2021 como Secretario de Finanzas de Oaxaca, ya que dejó una deuda de 3 mil 500 millones de pesos para invertir en proyectos sociales que nunca se realizaron y que causó retrasos en pagos a proveedores, lo que incluso llevó a la quiebra a varias de estás empresas, así como a una serie de litigios que aún hoy, la administración de Salomón Jara, ha tenido que sortear.
A lo anterior se añade el colapso financiero que dejó en el estado, tras su renuncia, con olas de despidos, denuncias y una desconfianza generalizada en la capacidad del gobierno estatal para gestionar recursos públicos.
Ahora, como asesor financiero en el Gobierno de Quintana Roo de Mara Lezama, su presencia subraya la necesidad de un escrutinio riguroso sobre los “nuevos” funcionarios de la 4T, especialmente aquellos que, como Mendoza, disfrutan de un manto protector pese a su controversial historial.
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