La justicia ausente

Por Gabriela María de León Farías*

En América Latina una mujer denuncia violencia de género cada 30 segundos. Sin embargo, sólo 15% de esos casos llega a una sentencia condenatoria, de acuerdo con datos recientes de la CEPAL. Esta cifra no es sólo un fracaso estadístico; es la prueba de un sistema que viola sistemáticamente el derecho fundamental de las mujeres a acceder a la justicia.

El acceso a la justicia está consagrado en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). No obstante, la realidad evidencia tres fallas estructurales: barreras legales, obstáculos económicos y un sesgo de género profundamente arraigado en el sistema judicial.

En países como Honduras y Guatemala, persisten leyes que restringen la autonomía corporal y condicionan el acceso a procesos penales por violencia doméstica a la “prueba de resistencia” física. Además, 70% de las mujeres en situación de pobreza extrema abandona los procedimientos judiciales debido al costo del traslado o la asesoría legal, indica el Banco Mundial. 

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Un estudio de la ONU Mujeres reveló que 43% de los jueces en México y Argentina aún cuestiona la “credibilidad” de las víctimas de violencia sexual basándose en estereotipos. En los tribunales, las mujeres siguen siendo interrogadas con preguntas como: ¿Dónde estaban? ¿Cómo vestían? o ¿Cuánto habían bebido? cuando fueron agredidas.

La falta de acceso a la justicia no es un accidente: es un mecanismo de control patriarcal. Casos emblemáticos como el feminicidio de Lucía Pérez en Argentina o la desaparición forzada de mujeres en Ciudad Juárez, México, revelan patrones alarmantes: criminalización secundaria, colusión institucional y una falta generalizada de especialización en las unidades judiciales. Peor aún, los gobiernos de América Latina han mostrado un marcado desinterés por erradicar este problema.

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Por ejemplo, en El Salvador 30% de los jueces han archivado casos de violencia obstétrica alegando que los “protocolos hospitalarios son suficientes”, pese a que cada año se presentan más de dos mil 100 denuncias por este tipo de violencia.

Cuando un Estado niega justicia a las mujeres, socava las bases de su propia democracia; 68% de las latinoamericanas opta por no denunciar agresiones por miedo a represalias o por la inacción de las autoridades, advierte el Latinobarómetro. 

La impunidad envía un mensaje claro: la violencia contra las mujeres es tolerable. En Colombia 40% de los feminicidios han ocurrido después de que la víctima denunció previamente a su agresor. Además, la falta de acceso a la justicia tiene un impacto económico directo: la violencia de género le cuesta a la región 3.8% de su PIB anual en pérdida de productividad y gastos sanitarios, indica la OCDE.

Pero, hablemos de Coahuila, ¿se garantiza a las mujeres el derecho humano de acceso a la justicia? La respuesta es clara: no. Y la razón principal es la falta de personas juzgadoras. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se requieren al menos 65 juzgados por cada 100 mil habitantes para garantizar un acceso adecuado a la justicia. En Coahuila hay menos de tres. Esto significa que cada persona juzgadora realiza las tareas de 62.

La sobrecarga de trabajo tiene consecuencias tangibles. Un trámite de rutina puede tardar hasta cuatro semanas en resolverse, mientras que en Nuevo León el tiempo de espera es de apenas tres días hábiles. En la Ciudad de México, medidas cautelares como la asignación de alimentos provisionales, la guarda y custodia de menores de edad, o las medidas de protección pueden obtenerse el mismo día de la solicitud. En Coahuila el sistema está colapsado.

Para solucionar esta crisis, los gobiernos deben pasar de la retórica a la acción. Es urgente destinar al menos 1% del PIB a la implementación de sistemas judiciales especializados en violencia de género, incluyendo refugios para víctimas y unidades forenses capacitadas. 

Se requieren reformas procesales como la inversión de la carga de la prueba en casos de violencia económica y la creación de tribunales móviles para zonas rurales. Además, los tratados comerciales deberían vincularse al cumplimiento de metas verificables en reducción de la impunidad de género.

El acceso a la justicia no es un favor: es un derecho humano que los Estados tienen la obligación de garantizar. Y en Coahuila ese derecho es letra muerta. Cada obstáculo institucional, cada prejuicio judicial y cada recurso negado perpetúan la condición de ciudadanía de segunda clase para las mujeres. Una democracia auténtica no puede coexistir con un sistema que normaliza la impunidad. ¿Hasta cuándo seguiremos midiendo el progreso de nuestros países por su crecimiento económico o sus atractivos turísticos, en lugar de por la justicia que otorgan a sus mujeres?

*Licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de Coahuila. exjefa de Información Pública de Oficio del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y expresidenta Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

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