Por Arturo Rodríguez García
Lo que parecía ser una elección resuelta tiene bajo presión al Instituto Nacional Electoral (INE). Una presión inusual que quizás no hayamos visto desde 2006.
Este 2024, el abismo de diferencia entre la coalición ganadora (Morena-PT-PVEM) y la derrotada (PAN-PRI-PRD) para calificar la elección presidencial deja escaso margen de litigiosidad, escenario muy distinto al de 2006, cuando la ventaja del PAN fue ínfima.
Con la elección presidencial con una ganadora, Claudia Sheinbaum, y si acaso alguna leve abolladura a la carrocería del vehículo oficial, obtener casi el 60% de la preferencia de los votantes hace el resultado irreversible y cualquier impugnación aun procedente, sería anecdótica.
Pero, con una victoria de 54-55% de ventaja en las elecciones legislativas para la misma coalición oficialista, las oposiciones intentan atenuar la aplastante mayoría que resulta del pretendido reparto de la representación proporcional.
PRI y PAN (el PRD se extinguió) quieren mover aunque sea ligeramente las condiciones de su minoritaria presencia alegando que Morena ganó, pero ocultando triunfos de sus candidatos en las siglas de los partidos aliados para gozar de una aplanadora ineluctable en la Cámara de Diputados, con una sobre representación.
Morena, PT y PVEM se sostienen en que la asignación de curules es por partido y no por coalición, lo que posibilita el cálculo de mayoría para Morena sin estar sobrerrepresentado como partido, mientras que aquello que alcancen sus aliados es independiente.
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El estira y afloja recae directamente sobre el INE de Guadalupe Taddei, quien lleva al menos dos semanas lidiando con las presiones de las dos coaliciones. Ayer, por ejemplo, el panista Jorge Romero exigió que se adelante el reparto, mientras que el morenista Hamlet García Almaguer desestima los argumentos opositores sin interés en la línea temporal. Es decir, para los de Morena, antes o después, tiene que confirmarse el reparto que llevaría a su coalición hasta cerca de un 75% de las curules.
Ese aproximado 75% equivale a 374-375 diputados y el alegato opositor es que representa más del doble de lo que permite la ley. Quienes consideran que darle la razón a Morena sería un equívoco apelan al límite constitucional del 8%, lo que llevaría a la coalición oficialista a tener en torno a un 64% de las curules que equivalen a unos 320 diputados.
Que la autoridad electoral aplique el límite del 8%, aspiración y parte central del alegato opositor, no tiene por objeto sólo arañar unos diputados porque sí, lo importante es que, al hacerlo, quitaría a Morena y aliados la mayoría calificada, haciendo tambalear el llamado Plan C y las reformas constitucionales que a la administración Sheinbaum le interesen.
Luego, la presión sobre el INE es porque de sus decisiones –y posteriormente del Tribunal Electoral—depende el futuro del gobierno y el de la oposición.
Placas despintadas
A tan solo dos semanas de haber iniciado el reemplacamiento en el Estado de México, trámite obligatorio a todos los poseedores de vehículos con más de 5 años de antigüedad, usuarios en redes sociales han manifestado que las placas han presentado un rápido deterioro y desgaste.
La situación no es nueva para la firma Placas y Señalamientos Mexicanos, de José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista, encargada de la fabricación de los documentos vehiculares y que en Querétaro y Veracruz también fue blanco de innumerables críticas.
El problema podría venir desde la supervisión, ya que la SICT, que lleva Jorge Nuño, responsable de vigilar el cumplimiento de la norma que establece especificaciones técnicas como la durabilidad de la pintura y material, no cuenta con laboratorios, por lo que la vigilancia corre, por un decreto en el año 2000, a cargo del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del IPN (CIITEC), dirigido por Ricardo Rafael Ambriz Rojas.
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