Redacción El Coahuilense
Por Arturo Rodríguez García
La propuesta de desaparecer los organismos dotados de autonomía constitucional que, según adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 5 de febrero, es un asunto discursivo y una provocación con reacciones previsibles.
En las condiciones actuales del legislativo y, en medio de un proceso electoral de grandes dimensiones, el paquete de reformas está orientado a polemizar. Y materia hay para hacerlo.
Sería precisamente en el período de intercampañas, es decir, el espacio comprendido entre el pasado 18 de enero y el próximo 1 de marzo, cuando podamos escuchar las críticas del presidente abundantes a los autónomos, por conductas de sus integrantes y orientación de sus decisiones, bajo la coartada de promover su iniciativa y propiciar el debate legislativo.
Hay dos puntos de partida –explícitamente identificados por el presidente– para la provocación y el aprovechamiento político electoral. El primero tiene que ver con la revisión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre la adquisición de las operaciones de Iberdrola, así como de la nueva aerolínea paraestatal Mexicana de Aviación.
El segundo es la revelación de un acuerdo de coalición, al que nos referimos en la pasada entrega en este espacio, producto de un berrinche del dirigente del PAN, Marko Cortés, donde se pactó la entrega del “Instituto de Transparencia” en Coahuila, como una de las monedas de cambio para integrar la coalición con el PRI.
Los episodios mencionados dan la argumentación perfecta para el uso político de la discusión pues en el caso de los organismos reguladores como la Cofece, más allá de aspectos técnicos o económicos, el presidente López Obrador centra lo ideológico al señalar que protegen a inversionistas privados, una elite de millonarios nacionales y extranjeros, frente a las inversiones que realice el Estado, en el discurso, en favor del interés del pueblo.
El problema para las oposiciones es que, en sentido estricto, es cierto. Y articular argumentos de defensa ante la opinión pública no es sencillo: se desgañitarán diciendo que se atacan las libertades económicas con un llamado “bloque de contención” que, en efecto, puede frenar la iniciativa pero quedará exhibido por ir en contra de los intereses del pueblo en cada mañanera del período y sus ecos en toda la 4T.
Luego están los aspectos que tienen que ver con las libertades políticas fundamentales, como el derecho a la información que, por lo expuesto por Marko Cortés, se negocia en acuerdos electorales cuando de por sí era difícil explicar que ese tipo de organismos se integran legítimamente por acuerdo legislativo.
Saldrán aquellos que se arrogan la representación ciudadana a marchar y a decir “el INAI no se toca” y conseguirán frenar su extinción. Pero en el período quedarán más que expuestos los excesos salariales de la burocracia y de aquellos comisionados que cargaban al erario autónomo hasta el privadito del table dance, gracias a la protección política de los opositores, “adversarios”, “neoliberales”, “enemigos del pueblo” y alguna otra mala razón sobre los integrantes del “bloque de contención”.
La fórmula ha sido repetida una y otra vez a lo largo del sexenio, ha sido infalible, con idéntico resultado: el presidente suelta el asunto en mañanera y lo reitera a lo largo de semanas; los líderes de la oposición se escandalizan y reaccionan condenando declaraciones sin conocer la iniciativa que, al llegar al Congreso, tiene una discusión adaptada a los tiempos políticos del presidente y, si no pasa, le da tiempo para seguir señalando la falta de voluntad para la transformación.
Esta vez, ya lo adelantó, la decisión será para saber si el pueblo quiere que siga la transformación o vuelva “el pasado corrupto”, una opción que concatena con el llamado al “voto parejo”, pues Claudia Sheinbaum no tiene de qué preocuparse más que de tener a su favor el congreso. La estrategia está en marcha y las oposiciones volvieron a morder el anzuelo.
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