Arturo Rodríguez García
Por Arturo Rodríguez García
La tragedia ocurrida en el Festival Ceremonia 2025, que cobró la vida de dos jóvenes, ha dejado una profunda marca en la industria del entretenimiento. La pérdida de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas es, sin duda, un hecho doloroso que exige justicia, transparencia y una investigación rigurosa.
Pocas horas después de ese hecho lamentable, la realidad de la precariedad laboral de numerosos fotoperiodistas fue exhibida en la declaración de un gremio que cobra poco, no cobra y carece en muchos casos de los mínimos elementales de seguridad social.
Como toda tragedia, en medio del dolor de familiares y amigos, de los gremios e inclusive del público y los artistas, hay otra cara de la historia que comienza a emerger: la de miles de familias que hoy enfrentan incertidumbre económica y laboral por decisiones institucionales que, aunque comprensibles, han tenido consecuencias desproporcionadas.
Desde todos los ángulos, hay una exigencia de justicia y de sanción a los responsables de la tragedia, pero quienes directamente dependen de la industria del entretenimiento, esa exigencia demanda también celeridad y precisión en las acciones.
El alegato contempla otro aspecto sobre el que no se puede ser inocente. Se relaciona con la pérdida de las empresas. Desde que el Parque Bicentenario fue clausurado como medida preventiva tras el accidente, decenas de empresas proveedoras de servicios técnicos, estructuras, iluminación, audio, video y logística no han podido retirar su equipo del recinto.
Estas empresas, muchas de ellas pequeñas o medianas, tienen compromisos previamente agendados en otras producciones, y su maquinaria permanece detenida, a la intemperie, vulnerable al deterioro o a una manipulación incorrecta.
En una industria que se mueve por fechas y montajes cronometrados al minuto, perder días —y en este caso, ya casi una semana— representa más que una demora: puede significar la pérdida de contratos, demandas por incumplimiento y, en muchos casos, la bancarrota injustificada porque la mayorçia han cumplido con lo que la ley y las normas mandatan.
Hay quien puede ver con malos ojos el planteamiento pero no se trata sólo de las empresas y sus propietarios. Se trata de técnicos, choferes, diseñadores, obreros y operadores que viven de los proyectos en cadena que mantienen activa a la industria del espectáculo.
La Asociación de Técnicos, Profesionales y Empresarios de la Industria del Espectáculo (APTEIEE) ya ha dado la voz de alerta. Si la situación no se resuelve en breve, podría provocarse un efecto dominó en la industria, que afectará no sólo festivales sino también ferias, conciertos, actos culturales, e incluso eventos sociales que requieren de los mismos insumos. La paradoja es trágica: se intenta prevenir nuevos riesgos, pero se está asfixiando silenciosamente a una parte clave del ecosistema que hace posible los eventos.
México ha logrado consolidarse como un referente regional en la producción de espectáculos en vivo. Pero esa reputación no se sostiene sola: detrás hay una red compleja y profesional que trabaja en condiciones muchas veces precarias, dependiendo de equipos especializados que, además de costosos, son frágiles y difíciles de reponer en caso de daño. Dejar ese equipo abandonado por tiempo indefinido no es un acto neutral; es una forma de descuido institucional.
El llamado no es a ignorar el accidente ni a minimizar sus causas. Por el contrario, se exige justicia y acciones claras para evitar que las tragedias se repitan. Pero también es momento de hacer justicia a quienes, sin haber tenido relación alguna con el suceso, ahora ven comprometido su sustento por medidas que los excluyen del diálogo y de las soluciones.
El espectáculo, como toda industria, depende de cadenas humanas, técnicas y operativas. Hoy, muchas de esas cadenas están en pausa, y si no se actúa pronto, lo que comenzó como un duelo podría transformarse también en una crisis para un sector económico. Es tiempo de buscar equilibrios, de permitir el retiro seguro del equipo, y de reconocer que detrás de cada bocina o luminaria hay un trabajador con nombre, historia y responsabilidades. La tragedia no debe multiplicarse en silencio.
Regular la IA
El último día del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial no fue una clausura, sino el inicio de una sesión permanente de trabajo. El diputado Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, hizo esa afirmación al término de los paneles donde expertos, diplomáticos y académicos pusieron sobre la mesa ideas concretas para construir una ley en materia de IA.
El legislador del Partido Verde convocó a una alianza entre legisladores, academia e iniciativa privada a fin de “tropicalizar” las mejores prácticas de países como Estados Unidos e Israel, entre otros y traducirlas en un marco legal que garantice innovación y el desarrollo económico en México pero apegado a derecho.
El objetivo es regular aspectos como fiscalización, acceso a la tecnología, propiedad intelectual y seguridad a fin de proteger los derechos de todos los ciudadanos, así como el interés nacional. Este esfuerzo es fundamental para establecer las bases del futuro tecnológico del país.
Más reciclaje
Con una inversión de 56.5 millones de pesos, la firma Arca Continental –que preside Jorge Humberto Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández–, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, junto a Coca-Cola México y PetStar, que dirige Jaime Cámara, inauguraron la ampliación de su Planta de Acopio de botellas de PET en San Luis Potosí.
Ahora, la planta tendrá capacidad para recuperar más de 380 millones de botellas de este material anualmente, que a su vez serán procesadas para convertirlas en resina y ser incorporada en nuevos empaques. Desde 2011, Arca Continental y Coca-Cola México han impulsado una estrategia que fortalece la economía circular de las botellas de PET en el país a través de PetStar, su planta de reciclaje, la más grande del mundo en grado alimenticio.
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