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Por Álvaro Delgado
Los militares han sido una figura controvertida en México: Era militar el usurpador Victoriano Huerta, quien asesinó a Francisco I. Madero, pero también lo fue el general Lázaro Cárdenas del Río, el más nacionalista de los presidentes, y eran soldados los más sanguinarios miembros de Los Zetas, pero también los que auxilian a la población en los desastres con el Plan DN-III.
Soldados y marinos han perpetrado crímenes aberrantes en México, como la matanza del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia contra la insurgencia de los setenta, la masacre de El Charco en 1998, los fusilamientos de Tlatlaya y la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, ambos en 2014, pero las fuerzas castrenses gozan también de mayor estima de la población que policías, políticos y la propia iglesia católica.
Los militares han estado a cargo de la seguridad pública del país desde 1999, cuando Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva, hasta la Gendarmería Nacional de Enrique Peña Nieto, pasando por la Policía Federal de Felipe Calderón, y lo seguirán siendo ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Guardia Nacional.
Más de dos décadas después de encomendarles esa misión, sin embargo, los militares tampoco pueden ufanarse de haberla cumplido, pese a que han estado bajo las órdenes de civiles tan contrastantes como Genaro García Luna y Rosa Icela Rodríguez, con planes tan antagónicos de guerra, como Calderón, y de paz, como López Obrador.
Estos antecedentes serían suficientes para entender por qué es tan intenso el debate sobre la presencia militar en la vida pública de México, pero es verdad que el ingrediente ideológico, político, partidario y electoral marca también la discusión sobre la que no se puede ser indiferente.
La izquierda siempre había abominado de la presencia militar en la vida pública con base en los episodios de horror y de vergüenza de las Fuerzas Armadas contra mexicanos, particularmente de esa corriente ideológica, pero sólo hasta que ha tenido la responsabilidad de conducir el país, desde el 2018, ha tenido que dimensionar la presencia castrense.
“Cambié de opinión”, reconoció el Presidente de México, quien por años sostuvo que era imperativo regresar a los militares a sus cuarteles, pero adujo que es de tal magnitud el problema de la violencia y la inseguridad que no puede dejárselo a las policías civiles, menos a la federal que heredó.
Pero también cambiaron de opinión los que gobernaron antes, cuyo discurso pasó de usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, violando abiertamente la Constitución, a condenar el militarismo hasta extremos tan absurdos como la edificación de obras públicas, como lo hacen muchos ejércitos en el planeta.
Ante la inseguridad y la violencia no hay soluciones fáciles, como lo demuestran la incapacidad de los gobiernos federales y estatales para formar policías profesionales. El priismo no pudo generar cuerpos policiacos capaces, pero tampoco el PAN.
Además de Vicente Fox y Calderón en el Gobierno federal, Guanajuato es el emblema del fracaso del PAN en materia de seguridad, luego de 30 años ininterrumpidos de gobiernos, casi la mitad de los cuales ha tenido al mismo Fiscal, Carlos Zamarripa, y al mismo jefe de la policía estatal, Alvar Cabeza de Vaca, lapso en el que se han disparado los delitos.
En Baja California, donde gobernó también tres décadas, pasó lo mismo: Jamás hubo un plan consistente para la formación de policías para la prevención ni para la investigación, y heredó sólo inseguridad y violencia.
Los militares, como lo demuestran su presencia en las calles, tampoco han sido la solución, y la Guardia Nacional, como antes la PFP –que no debemos olvidar que entró a la UNAM para romper la huelga del 2000—y la PF de García Luna, genera resquemores, sobre todo por la falta de controles civiles que exige también la Constitución.
Ya han sido aprobadas reformas para que la Guardia Nacional quede a cargo, operativa y administrativamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que la Constitución establece que el mando será civil, y está por definirse en el Senado si las Fuerzas Armadas siguen en las calles hasta el 2028, como ya lo aprobó la Cámara de Diputados.
Una reforma y otra están todavía jurídicamente en entredicho, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría revertirla y en Senado rechazar la ampliación del plazo, y una vez más una fuerza para combatir al crimen quedaría trunca.
La mejor manera de acreditar que la Guardia Nacional es el cuerpo que requiere el país es hacer que entregue resultados prontos, con los instrumentos que ahora tiene y apartándola de la arena política, donde anidan los deseos de fracaso sólo por razones electorales.
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