Los pecados de “Alito”

Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, enfrenta la acusación de haber querido desviar 32 millones de pesos en el partido que dirige. En tiempos electorales, cuando la corrupción es más condenada socialmente que nunca, el episodio no pudo ser peor pues implica otro motivo de indignación ciudadana como lo es que los recursos señalados estaban destinados a la formación política de las mujeres vía el Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI).

Es cierto que el hecho no está probado pero la fama se impone; también es verdad que el interés en dichos recursos puede haberse originado en un criterio de oportunidad más que de género, pero lo que sucedió después refuerza la idea de violencia política en razón de género y eso sin olvidar el escándalo de los “packs” que le precede.

Fue la diputada y ex presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, quien anunció esta semana que interpuso una denuncia en contra de Moreno y Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, secretario de Finanzas del partido, por el intento de desvío de los 32 millones. 

Arcos Velázquez expuso que fue presionada para implementar un esquema fraudulento con fondos que estaban auditados y bajo la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, dijo a medios que Moreno Cárdenas y Gutiérrez Arroyo la presionaron para buscar generar un esquema en donde ellos pudieran retornar la mitad de un recurso de 32 millones. 

La legisladora agregó que este caso no se trata únicamente de corrupción financiera, sino también de un caso de violencia política en razón de género, dado que al rechazar las órdenes de “Alito”, Arcos Velázquez tuvo que sufrir la obstrucción a sus facultades como líder del organismo, además de que meses después fue removida de su cargo, sin aviso previo.

Se trata de una historia más en la larga lista de controversias que ya marcaron la carrera política de Moreno Cárdenas. 

Tras concluir su mandato como gobernador de Campeche (gobernó aquel estado del 2015 al 2019), en 2021 fue acusado de utilizar empresas fantasma para realizar operaciones simuladas y desviar recursos por más de 59 millones de pesos, según denuncias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en ese momento dirigía Raquel Buenrostro y que hoy lleva Antonio Martínez Danigno.

Adicionalmente, en octubre de 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, probables desvíos de más de 27 millones de pesos bajo su administración, con una afectación considerable a los recursos destinados al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del estado de Campeche (INDESALUD).

Dentro de su propio partido, las críticas a Moreno no han sido menores. Miguel Ángel Osorio Chong, excoordinador del PRI en el Senado, en marzo de 2023 acusó a Moreno de manipular las estructuras partidarias y aseguró que Moreno tenía «secuestrado al partido». Entonces perdió los escaños de destacados cuadros.

Por su parte, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha sido una crítica constante y quien ha revelado en su programa «Martes del Jaguar» presuntas conversaciones de Moreno discutiendo prácticas cuestionables. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictaminó en diciembre de 2023 que Sansores calumnió, la polémica alrededor de esas acusaciones, como la de los “packs”, que difundió también Sansores, persiste.

Tan persiste que es expediente abierto, en virtud de que, derivado de este escándalo por los audios que la gobernadora de Campeche filtró, el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó el desafuero de Moreno, un proceso que sigue pendiente y que ha sido obstaculizado en la Cámara. A pesar de que en agosto de 2022 se solicitó su desafuero a la Cámara de Diputados, la falta de avance ha permitido que Moreno continúe en sus funciones políticas.

La obstaculización sucede en un contexto: tras la formación de la alianza «Va por México», que integra al PAN, PRI y PRD, Alejandro Moreno demostró una vez más su considerable habilidad para maniobrar políticamente, a menudo sacrificando la cohesión de su propio bloque electoral. 

En agosto y septiembre de 2022, «Alito» y una facción dentro del PRI impulsaron una reforma para asignar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta iniciativa, respaldada por Morena, provocó que el bloque opositor quedara en suspenso, debido a lo que se interpretó como una “traición” por parte del dirigente del PRI. 

Poco después, Morena propuso otra iniciativa que permitiría al Ejército mantener su presencia en las calles hasta 2028, una medida que, aunque fue apoyada por el PRI, fue condenada por los otros partidos de Va por México. 

A pesar de estas tensiones, las agrupaciones resolvieron sus diferencias y competir conjuntamente en las elecciones estatales del Estado de México y Coahuila en 2023, y mantienen su colaboración en la presidencial en curso. 

Cada nueva revelación refuerza la imagen de un controversial Alejandro Moreno, frecuentemente exhibido y que, sin embargo, será senador aunque para eso merme la integridad del ya debilitado frente político del PRI.

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