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Alethéia
Por: Jesús Gerardo Puentes Balderas
El privilegio es bien recibido por quien se beneficia del mismo y repudiado por quienes no pueden gozar de él. Es sinónimo de discriminación e injusticia cuando no va acompañado del mérito.
Los privilegios de la clase gobernante y política son inherentes a la historia de la humanidad y normalizados por la ciudadanía a través del tiempo. Siempre señalados pero, al final, aceptados e, incluso, promovidos.
El diccionario de la Real Academia Española define privilegio como “la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia”.
Existe una gran diferencia entre un privilegio otorgado y el obtenido por una circunstancia propia. El primero es totalmente parcial; el segundo, en cambio, está asociado a “la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza”.
Justamente, la ausencia de mérito o reconocimiento de la población hacia el servicio público, es la causa de repudio a los privilegios gozados por los “servidores públicos” y “gobernantes”.
Los resultados de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el INEGI cada dos años desde hace más de una década, así lo confirman: los mexicanos no confiamos en los ciudadanos que integran las instituciones de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión.
Obtener privilegios de personas con poder ha sido una costumbre histórica. Los reyes los otorgaban a sus favoritos basados principalmente en su cercanía filial, premiándolos con títulos nobiliarios u otorgándoles la propiedad y gobierno de regiones en su reino.
Al igual que en el viejo mundo, en México los privilegios son parte de nuestra cultura. Los aztecas tuvieron su clase privilegiada: el monarca era el Huey Tlatoani, la nobleza y la burocracia estaban representadas por los Tecuhtli y Pilli, los mercaderes adinerados por los Pochtecatl.
En la actualidad los gobernantes hacen exactamente lo mismo y, en lugar de títulos de honor, se reparten secretarías de estado; se dispensan exenciones de impuestos u otorgan obras públicas directamente a amigos o familiares, así como prebendas a líderes sindicales o empresariales.
En resumen, los poderosos y gobernantes, desde antes de Cristo, han abusado ilegalmente del otorgamiento de privilegios -alimentando la corrupción y la impunidad de personas o grupos VIP como hoy se les llama-.
Es tanto el deseo de ser o sentirse de la clase privilegiada que la lisonja o adulación han llegado a niveles de pleitesía por parte de aquellos aspirantes a la gracia del señor.
Por su parte, el gobernante usa la capacidad de otorgar privilegios para ganar adeptos y/o para congraciarse con un sector con tal de recibir, a cambio, apoyo político para continuar en el poder.
En las siete décadas de “dictadura perfecta” del PRI se institucionalizó el otorgar privilegios a los líderes de gremios u organizaciones –que, en mucha menor medida, los replicaban a sus agremiados– con el objetivo, primero, de tranquilizarlos para después incorporarlos a su estructura política.
Instituciones privilegiadas por todos conocidas son la Sedena, la Marina, Pemex, la CFE, el IMSS; los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno –sobre todo en sus mandos superiores–, así como los grandes grupos empresariales.
Finalmente, los privilegios dentro de la clase política no serían un problema grave o una afrenta pública si estuvieran asociados a estándares de profesionalización y capacitación continua para elevar la eficiencia y calidad del servicio público.
Sería todo un síntoma de civilidad si se implementara la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en todas las instituciones de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno.
Cabe resaltar que en el Poder Judicial de la Federación, INE e INEGI cuentan con su propio sistema de ingreso, ascenso y premiación al mérito, ergo, no hay privilegios.
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