Alétheia
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
Es innegable la relación directamente proporcional entre la participación ciudadana y la democracia. En cuanto más elevado es el volumen de participación ciudadana en los procesos políticos y sociales más democrático es el sistema.
Subrayo, no me refiero exclusivamente al ejercicio del voto para elegir a nuestros gobernantes, sino al uso de los diversos mecanismos de participación ciudadana existentes en nuestra legislación.
Como lo son en democracia directa: la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular o la revocación de mandato. O en democracia participativa: la asamblea ciudadana, las organizaciones ciudadanas y el presupuesto participativo, entre otras.
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Así como el uso de instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública: la audiencia pública, la transparencia y rendición de cuentas, los observatorios ciudadanos y la contraloría ciudadana.
Esas figuras nos permiten ejercer el derecho de poder involucrarnos en asuntos de interés público bajo reglas claramente establecidas para su ejercicio legal. Son, además, una herramienta para el control democrático de la autoridad otorgada a nuestros representantes.
¿Por qué rara vez hacemos uso de los mecanismos de participación ciudadana?
En primer lugar, no los usamos por desconocimiento. En segundo lugar porque los mismos partidos, celosos de perder su poder, obstaculizan su uso al poner en la legislación condiciones o requisitos casi imposibles de cumplir.
Hasta cierto punto es entendible el desconocimiento de estos mecanismos de participación ciudadana, pues durante décadas los gobiernos emanados del PRI se negaron a darles cabida.
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En la época del partido hegemónico la única herramienta de participación ciudadana era el ejercicio del voto. Pero también éste se encontraba acotado, pues quien controlaba el padrón electoral era el partido en el poder.
Como resultado de lo anterior, los ciudadanos no tenían la garantía real de participar el día de la jornada electoral, ergo, no tenían incentivos para acudir a votar, además no confiaban en las instituciones electorales cooptadas por el PRI.
Las reformas de 1977 y 1996 fortalecieron nuestro sistema electoral y sistema de partidos. Sin embargo, se dio pie a la partidocracia. La única manera de ejercer el derecho a ser votado era a través de un partido político.
Aunque el caso “Jorge Castañeda Gutman vs. México” abrió otra vía de participación ciudadana cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 1 de julio de 2009 la sentencia que garantizó el derecho de todo mexicano a votar y ser votado mediante la figura de candidato independiente; no obstante, hasta la fecha los partidos conservan el oligopolio de la participación política.
Actualmente es tema de discusión en el Consejo General del INE si las agrupaciones organizadas de la sociedad civil, que buscan participar activamente en la vida política, pero no aspiran a ser un partido político, deben ocupar un asiento con voz en el instituto.
La politóloga de la UNAM Azucena Serrano Rodríguez considera que la participación ciudadana sólo es posible si se cumplen tres condiciones: 1) el respeto de las garantías individuales, 2) la existencia de los canales institucionales y marcos jurídicos para ejercerla y 3) la información y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.
Por lo tanto, sería todo un acto de civilidad y congruencia si Morena honrará sus documentos básicos en los que promueve la democracia directa y participativa. Es momento de tomarles la palabra y exigirles que cumplan con ese derecho ciudadano.
Finalmente, los mecanismos de participación ciudadana tienen como objetivo el empoderamiento ciudadano, como parte de las herramientas de regulación del poder.
Participación no es sinónimo de movilización.
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