Redacción El Coahuilense
Alétheia
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
La respuesta del presidente López Obrador minimizando la ola de violencia –por algunos catalogada como terrorismo– sucedida en el periodo del 10 al 13 de agosto de 2022, en las entidades federativas de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, es una afrenta pública a todo el pueblo de México.
A pesar del saldo fatal -más de una decena de mexicanos perdieron la vida, entre ellos un infante; la quema de tiendas de conveniencia (todas de la marca propiedad de un viejo adversario del inquilino de palacio) y autos incendiados en las calles, López inició su homilía pública del 15 de agosto más preocupado por el daño colateral a su popularidad que el anunciar un cambio en su estrategia de seguridad.
Amenazó, incluso, con extender las mañaneras al sábado: “Ya estoy pensando también en la posibilidad de que tengamos reuniones los sábados, (…) porque si les damos tiempo también a nuestros adversarios, (…) están muy desesperados, nerviosos, haciendo propaganda, usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas”.
Como es su costumbre, acusó a los medios conservadores de sensacionalistas, “creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno, aun con la mentira”.
Llamó a la población a “atajar” el amarillismo y sensacionalismo y, en franc estrategia de manipulación, expresó: “Yo no sé si haya conexión o mano negra, si se hayan instrumentado esto, si se haya articulado”. Sus dichos, más allá de lo inaudito, son inadmisibles y su falta de sensibilidad y solidaridad con las víctimas y los pobladores de Ciudad Juárez, Tijuana, Zapopan, Ixtlahuacán del Río y Cuquío, resulta incalificable.
Al culpar sistemáticamente a las administraciones pasadas, el mandatario evade completamente su responsabilidad primigenia de resguardar la integridad física y patrimonial de sus gobernados.
Lo anterior lo ratificó el lunes 22 de agosto, cuando reconoció: “Dicen mis adversarios, yo llevo cuatro años o cerca de cuatro años que todavía le sigo echando la culpa a los gobiernos anteriores. No se las voy a dejar, no voy a dejar de echarles la culpa de lo que hicieron”.
La inseguridad desbordada en sus cuatro años de administración (por decirle de algún modo) no se resolverá con culpar a sus adversarios. Politizar la seguridad pública tampoco abonará a reducir los hechos delictivos. Del mismo modo, minimizar lo sucedido, reduciéndolo a un informe para dar a conocer “su verdad histórica” y sus otros datos, no es la respuesta esperada -ni merecida- por el pueblo de México.
Militarizar la seguridad pública no ha dado resultados. La estrategia es, a todas luces, fallida; 15 años han transcurrido con el ejército en las calles y, lejos de disminuir los actos delictivos, en los últimos cuatro años se han incrementado exponencialmente. Los actos que rayan en el terrorismo se desatan cotidianamente en las narices de los militares.
Sin ver la viga en el ojo propio, tanto al momento de crear la Guardia Nacional como hoy, al querer elevar a nivel constitucional la militarización de la seguridad pública, convalida la estrategia iniciada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Hoy es el momento de privilegiar el diálogo con todas las fuerzas y sectores: sociedad civil organizada y movilizada; sector privado, academia y Estado, para alcanzar acuerdos alrededor de una nueva estrategia de seguridad pública de orden civil.
Es indispensable reforzar los cuerpos policiacos locales -sobre todo en la prevención- para que las políticas y las acciones de desarrollo social y humano emprendidas por el gobierno -es un decir- hagan sinergia y produzcan los resultados socialmente deseables.
Resulta, también, urgente modernizar y depurar el sistema de procuración e impartición de justicia; sin ello, la impunidad y la corrupción continuarán marcando la pauta en el país.
Urge aplicar medidas y acciones contra el lavado de dinero y las fuentes de financiamiento del crimen organizado, a fin de abonar al éxito de cualquier estrategia de seguridad pública.
Finalmente, para cerrar la pinza, es impostergable blindar la política, se debe acabar la filtración del crimen organizado, en campañas e imposición o censura de candidatos.
Lo anteriormente expuesto representa algunas acciones en las que ya se había avanzado. La guardia nacional, el ejército y la marina no podrán solos restaurar la seguridad pública, y menos aún, si se insiste continuar con la fallida estrategia de “abrazos no balazos”.
Señor presidente, basta de descalificaciones, el pueblo de México exige que asuma su responsabilidad con acciones que den resultados efectivos y medibles; nunca más el reino de los “otros datos”.
MÁS DEL AUTOR:
