No es suficiente

Por Gabriela María De León Farías*

El 24 de agosto de 2022 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), liderado entonces por el impoluto académico Lorenzo Córdova Vianello, designó a Rodrigo Paredes Lozano como consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Esta decisión sorprendió a propios y extraños. ¿Y por qué la sorpresa? se preguntará usted. Pues esto se dio porque, para designar al nuevo titular, el consejo del árbitro electoral nacional transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, e incumplió tanto el Reglamento General de Elecciones como la convocatoria que ellos mismos habían aprobado meses atrás, ya que Paredes Lozano no había sido considerado apto para el cargo por la Comisión de Vinculación con el INE y los OPLES, por lo que, ante la falta de propuesta del organismo comptetente, el Consejo General del INE tuvo que violar la ley para designar al nuevo presidente.

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Paradójicamente, ese mismo Consejo, aunque con algunos nuevos integrantes, destituyó a inicios de 2025 a Paredes Lozano por supuestas irregularidades en el ejercicio de su encargo. Esta remoción no sólo es un castigo por sus presuntas acciones ilegales, sino también un reflejo de las profundas fallas en el sistema electoral que permitieron que prosperaran las irregularidades de las que hoy se le acusa. Las acciones que llevaron a la destitución del hoy expresidente del IEC violan la normatividad electoral y erosionan la confianza pública. Sin embargo, éstas no son aisladas: forman parte de un patrón de comportamiento que se había logrado erradicar y que busca beneficiar intereses partidistas sobre el bienestar del organismo y la ciudadanía.

Desde el inicio de su encargo, el discurso político promovido por Paredes estuvo marcado por declaraciones escandalosas y falsas, especialmente en contra de quien escribe, acusándome falsamente y utilizando discursos misóginos y sin sustento. Nada de lo aseverado por Paredes pudo acreditarse, dejando una ola de daño y desprestigio no sólo en la receptora de sus insultos, sino en contra de él mismo y la institución que representaba.

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Por si fuera poco, el expresidente inició una batalla campal con sus colegas consejeros electorales, quienes por su impericia cayeron en provocaciones, logrando distraer a la opinión pública de lo verdaderamente importante —las acusaciones por malos manejos de recursos públicos— y contribuyendo a desacreditar al organismo electoral. Estos enfrentamientos públicos provocaron estragos en la credibilidad en la institución. Todo esto se desarrolló ante la mirada pasiva y complaciente de los miembros del Consejo General del INE, quienes se hicieron de la vista gorda ante las acusaciones en contra de Paredes Lozano de supuesto mal uso de recursos públicos y de violencia política en razón de género.

La responsabilidad de la situación actual del Instituto Electoral de Coahuila no sólo recae en Rodrigo Paredes. También debe incluirse la insensata actuación del resto de los consejeros electorales, quienes, al participar en pleitos dignos de pubertos, fueron omisos en hacer su trabajo y señalar lo realmente importante: el supuesto desvío de recursos públicos, las presuntas irregularidades en las licitaciones, el crecimiento excesivo de la nómina, la posible contratación de personal sin las capacidades necesarias y un largo etcétera. La ausencia de un liderazgo unificado y responsable y la presencia de consejeros y consejeras cortos y sin criterio permitió que estos pleitos se convirtieran en el foco de atención, en lugar de abordar las cuestiones sustantivas que afectan a la democracia en Coahuila.

No. La destitución de Rodrigo Paredes Lozano no es suficiente para recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la institución. Es imperativo que se aborden las causas profundas de los malos comportamientos que continúan ejecutando otros funcionarios del árbitro electoral y que los consejeros electorales se comporten a la altura de su encomienda constitucional. Además, es crucial que la ciudadanía se organice y exija un actuar ético y transparente de sus representantes electorales, y que los líderes políticos dejen de interferir en la institución para que vuelva a ser verdaderamente ciudadana. Sólo a través de estos esfuerzos conjuntos se podrá restaurar la confianza en el sistema electoral y garantizar que las elecciones en Coahuila sean libres, justas y transparentes.

*Maestra en derechos humanos. Especialista en gobierno abierto y rendición de cuentas.

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