Por Álvaro Delgado Gómez
México ha tenido presidentes de la República criminales y secretarios de Gobernación que torturaron, desaparecieron y asesinaron a miles de mexicanos. No hace mucho de eso. Claudia Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez tienen biografías radicalmente opuestas a esos sátrapas —no son iguales—, pero por eso mismo su deber de verdad y de justicia con las víctimas y con la sociedad tiene una dimensión mayor.
Sheinbaum tenía 16 años de edad cuando se solidarizó con Rosario Ibarra de Piedra en la huelga de hambre que inició, en agosto de 1978, en el atrio de la Catedral Metropolitana para demandar la presentación con vida de los desaparecidos por el Estado, entre ellos su hijo Jesús, y Rodríguez es una periodista que documentó las lacras de los fraudes electorales, la represión contra la izquierda y los asesinatos ordenados desde la propia Presidencia de la República.
Claro que ambas no son iguales a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a Fernando Gutiérrez Barrios, Manuel Bartlett, Emilio Chuayffet, Juan Camilo Mouriño y Miguel Ángel Osorio Chong, porque también en el servicio público, como en el periodismo, cuenta la historia personal, las causas que se abrazan y la congruencia.
Por eso, si en algo debe convertirse el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, es en el emblema de una política de Estado contra la inseguridad y la violencia —contexto en el que se gestan las desapariciones—, cuyo epicentro sea el combate a la impunidad de los criminales y los servidores públicos cómplices de todos los niveles y signos partidarios.
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Ciertamente no se parte de cero, porque el combate a las causas de la inseguridad y la violencia sigue siendo una continuación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los programas sociales, incluyendo a los jóvenes, pero deben potenciarse las nuevas capacidades del Estado, la formación del Secretario Omar García Harfuch y hasta la experiencia de la Secretaria de Gobernación, la primera mujer en hacerse cargo de la Secretaría que encabezó el narcotraficante Genaro García Luna.
Las acciones más contundentes contra la delincuencia organizada en todo el territorio mexicano deben ser guiadas también por el deber de proteger a todos los mexicanos, no por la presión de Donald Trump ni por el lloriqueo de la oposición que escupe para arriba por ser responsable de conducir al país al infierno.
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La desaparición de personas, ahora ya no como parte de una política de Estado sino de criminales comunes al amparo de parte del Estado, es un problema real en muchas regiones del país y sólo podrá erradicarse si también se involucra a los gobiernos estatales y municipales, con apoyo de la Federación. Los que no quieran, por complicidad y/o por cobardía, quedarán exhibidos.
Sheinbaum y los gobiernos de Morena, incluyendo su poder legislativo, deben repudiar y actuar contra la narcopolítica y toda conducta delincuencial, barriendo la escalera de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, desde los que roban combustible y lo venden al lado de las autopistas hasta los que autorizan contratos multimillonarios.
El expresidente López Obrador identificó desde el inicio de su Gobierno que la inseguridad y la violencia era el principal problema de México y varias veces dijo que su proyecto no se acreditaría si no serenaba el país. Frenar la tendencia de violencia que inició con Calderón y comenzarla a la baja no ha sido suficiente.
Sheinbaum heredó ese reto de serenar el país, ahora con instrumentos políticos, jurídicos y legislativos que no tuvo López Obrador, entre ellos la mayoría calificada en el Congreso y al inminente nuevo Poder Judicial. No hay ninguna justificación para no cumplir la principal asignatura pendiente de la Cuarta Transformación.
Por supuesto, hay una obscena campaña de medios, académicos, intelectuales y políticos contra el Gobierno federal sobre Teuchitlán —que callan la responsabilidad del emecista Enrique Alfaro—, pero la mejor manera, la única, de contrarrestar todas las mentiras es con trabajo y resultados. Sí: acreditando que no son iguales, sino que son efectivamente mejores.
Por cierto, este lunes 24 de marzo se cumplen 14 años del ominoso pacto de los principales medios de comunicación, encabezados por Televisa y TV Azteca, para ocultarle a los mexicanos la violencia que desató la guerra de Calderón. Fue el propio Calderón el que les dijo que lo hicieran.
Ni modo que le dijeran que no si esos mismos medios y sus locutores obtuvieron más de 40 mil millones de pesos de él sólo en publicidad oficial y luego obtendrán otros 60 mil millones de Peña Nieto.
Y sí: estos mismos medios y opinadores siempre han sido mentirosos y manipuladores, pero desde el 2018, cuando se agotó esa mina, se volvieron más rabiosos. Ojo: en esa trama estuvo también el magnate Claudio X. González.
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