Álvaro Delgado
Por Álvaro Delgado Gómez
La maniobra política de la ministra Norma Piña de irrumpir en el proceso electoral para investigar a Arturo Zaldívar por corrupción ratifica que con ella el Poder Judicial se convirtió en oposición, por lo que su embate no es sólo contra éste y Claudia Sheinbaum, sino contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para aniquilar prioridades del proyecto en curso, entre ellas reformas legislativas y hasta la megadeuda de Ricardo Salinas Pliego.
Desde que llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hace 15 meses, Piña convirtió al Poder Judicial en un virtual partido político que se ha sumado a la coalición de derecha que jefatura Claudio X. González Guajardo, y sus decisiones no están subordinadas a la Constitución ni en las leyes, sino a los intereses políticos, económicos y mediáticos del grupo de partidos, oligarcas, intelectuales y opinadores que construyeron la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez.
No es sólo Piña, desde luego. La mayoría de los ministros y ministras militan políticamente en la oposición al Ejecutivo y al Legislativo, pero también la mayoría de los consejeros de la Judicatura, así como un número importante de magistrados y ministros, jefaturados todos por ella y la lógica de las complicidades para que nada cambie en el corrompido Poder Judicial.
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Por supuesto que Zaldívar debe responder a los señalamientos que se le hacen de presionar a magistrados y jueces para emitir sentencias de acuerdo a sus intereses, según la denuncia anónima que dio origen a la investigación que involucra también a personajes como Carlos Alpízar y el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, pero no existe ninguna garantía de justicia, porque Piña es claramente juez y parte.
Justo por eso Zaldívar debería separarse de su responsabilidad en la campaña de Sheinbaum para ocuparse en derrumbar, una por una, las acusaciones que se le hacen y acreditar que se trata de una maniobra política de Piña y de sus socios oligárquicos, lo que fortalecería el argumento de que no sólo es necesaria sino urgente la reforma al Poder Judicial.
En este espacio he acreditado que Piña es Peña por los vínculos políticos de ella con el entorno de Enrique Peña Nieto que la impulsaron como ministra, primero, y luego como presidenta, un amasijo de intereses que se reflejan también en el equipo que la rodea.
Pese a su conocida ineptitud e indolencia, Piña fue impulsada como ministra por Peña a través su consejo jurídico, Humberto Castillejos, y el entonces secretario de Gobernación, el también hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, a quien llama “primo”.
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Y sí: Uno de los principales colaboradores de Norma Piña es un allegado a Genaro García Luna, el narcotraficante mano derecha de Felipe Calderón que está preso en Estados Unidos: Ricardo Márquez Blas es su coordinador de fortalecimiento institucional, con un sueldo de 122 mil pesos mensuales.
La principal colaboradora de Piña es Natalia Reyes-Heroles Scharrer, secretaria general de la Presidencia de la SCJN, hija de Federico Reyes-Heroles González Garza, presidente fundador de la organización Transparencia Mexicana, que preside María Marván, exconsejera electoral y excomisionada del INAI.
Otra prominente colaboradora de Piña es la secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano administrativo del Poder Judicial que también preside ella, es Fernanda Casanueva de Diego, mano derecha de Luis Videgaray Caso en las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Peña.
Piña contrató hasta a la directora de Información del Instituto Nacional Electoral (INE) de Lorenzo Córdova, Karla Garduño Morán, quien fue portavoz de la candidata panista a la Presidencia de la República en 2012, Josefina Vázquez Mota.
A muchos le ha pasado desapercibido, pero Piña tramó, con los dirigentes del PRIAN, apoderarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para controlar la calificación de la elección, lo que se frustró tras la remoción del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, un empleado de Felipe Calderón y Roberto Gil Zuarth.
Pero en su carácter de oposición al gobierno, la SCJN de Piña se dispone a anular por lo menos 11 reformas legales que aprobó el Congreso con la argucia de que no se cumplió con el debido trámite legislativo, como ya invalidó, el año pasado, las reformas electorales conocidas como el “Plan B”.
Entre estas reformas, aprobadas en lo que la oposición llamó el “viernes negro” en el Congreso, se encuentran las que permiten al Ejército tomar el control simultáneo de aeropuertos y una línea aérea, así como la extinción del Insabi, cambios a la Ley de Minería y los cambios en la Secretaría de la Función Pública para readscripción de unidades y compactación de contralorías.
Y algo muy grave también, que sería una de las peores infamias de Piña: Ordenar a los tribunales colegiados que le den la razón al magnate Salinas Pliego, concesionario de Televisión Azteca y propietario de Grupo Elektra y Banco Azteca, para que no pague los más de 63 mil millones de pesos que debe de impuestos.
Salinas Pliego cuenta con un ejército de abogados y relaciones directas en la SCJN y en el Poder Judicial para intimidar y/o corromper a los magistrados que deben resolver los juicios que él inició desde el gobierno de Vicente Fox para no pagar impuestos, cuyo monto total del adeudo lo tiene literalmente en quiebra.
Después de su vergonzosa actuación contra los estudiantes del movimiento de 1968 por orden de Gustavo Díaz Ordaz, el Poder Judicial no se había subordinado tanto al Ejecutivo como Mariano Azuela Güitrón, quien cumplió el capricho de Vicente Fox para ordenar el desafuero de López Obrador como jefe de gobierno y anular su derecho a competir por la Presidencia de la República.
Ahora Piña no se somete al Ejecutivo, sino a los intereses políticos, económicos, mediáticos y espurios que sustentan la candidatura de Xóchitl Gálvez y para convertir al Poder Judicial en opositor a la Presidencia de la República, la actual y la futura que, claramente, no será ésta.
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