perse
Por Gonzalo Villanueva Ibarra
Hace unos días el World Justice Project de la Universidad de New York publicó su Índice de Estado de Derecho 2022. Esta evaluación es el resultado de más de 110 mil encuestas a lo largo del mundo para medir cómo la población del planeta experimenta y percibe el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
El índice utiliza 44 indicadores en 8 categorías, cada uno de ellos se puntúa y clasifica globalmente y se contrasta con pares regionales y de ingresos. Las categorías son las siguientes: Restricciones sobre Poderes Gubernamentales, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Aplicación de la Regulación, Justicia Civil y Justicia Penal.
Esas ocho categorías se inscriben dentro de cuatro principios universales y fundamentales: Responsabilidad, Ley Justa, Gobierno Abierto y Justicia Accesible e Imparcial. Esos cuatro principios en conjunto constituyen una definición funcional del Estado de Derecho en cualquier país.
Cuando el Estado de Derecho es débil, a los ciudadanos se les niegan derechos básicos como la seguridad, la libertad y la justicia. Sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, el Estado de Derecho nos afecta a todos. Es la base para las comunidades de justicia, oportunidades y paz, que, a su vez, sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales. Las investigaciones refieren que un Estado de Derecho sólido se relaciona significativamente con mejores sistemas de salud y educación, pilares para cualquier sociedad democrática.
A nivel global los cinco países mejor evaluados son Dinamarca (0.90), Noruega (.89), Finlandia (.87), Suecia (0.86) y Países Bajos (0.83). En Latinoamérica los mejor evaluados son Uruguay (lugar 25 con 0.71), Costa Rica (lugar 29 con 0.68) y Chile (lugar 33 con 0.66).
En el caso de México, se midió el grado de adhesión al Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país. Se realizaron las adaptaciones pertinentes para reflejar la arquitectura institucional de México y las competencias de los distintos órdenes de gobierno. En la evaluación global, México se ubicó en el lugar 115 (cayendo dos lugares respecto del año anterior) de 140 países evaluados, con una puntuación de 0.42 (teniendo el 0 como una adherencia débil al Estado de Derecho y 1 como una adherencia fuerte). El registro histórico indica que hemos mantenido un ligero descenso desde el 2015, cuando se obtuvo 0.47.
Analizando los puntajes de los 8 factores, los más débiles fueron la Ausencia de Corrupción (0.26) y –un factor asociado– el cumplimiento de la Justicia Criminal (0.28). Los más altos fueron Gobierno Abierto (0.59) y Orden y Seguridad (0.52).
Si se analizan los 32 estados, en orden descendente, los cinco mejor evaluados son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47), Guanajuato (0.46), Aguascalientes (0.46) y Sinaloa (0.46). En orden descendente, los cinco peor evaluados son Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo (los tres con 0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34).
Por su parte, Coahuila se ubica en el décimo lugar a nivel nacional con un puntaje de 0.44, ligeramente superior a la media nacional. Sus factores mejor evaluados son: Orden y Seguridad (0.59), Derechos Fundamentales (0.52) y Gobierno Abierto (0.49), mientras que los peor evaluados son: Cumplimiento Regulatorio (0.35), Límites al Poder Gubernamental (0.37) y Ausencia de Corrupción (0.38).
Más allá de cualquier ideología política, los datos no son alentadores para México. Dan cuenta de la inestabilidad del Estado para brindar las condiciones de bienestar a sus ciudadanos. Desde una mirada sociológica, este panorama desalentador puede repercutir en la estabilidad y equilibrio sociales. Si se percibe que el contrato social contiene fracturas o resquicios en su funcionamiento, la cohesión social se puede ver comprometida. Es decir, si los ciudadanos consideran que no vale la pena atenerse a los contratos sociales vigentes, estos pueden interpretar el seguimiento de las normas y valores como un hecho insustancial, carente de sentido.
Eso resulta evidente cuando pensamos en fenómenos sociales como la violencia, la delincuencia o la corrupción, donde la falta de empatía y compromiso social terminan por ser la marca de nuestro país.
Vale la pena continuar analizando estos datos, primero para situar nuestro escenario social respecto al contexto global y, segundo, para trazar planes de acción transdisciplinares que solventen políticas públicas con resultados verdaderos para las y los mexicanos.
Referencias:
World Justice Project [WJP] (2022, octubre). What is the Rule of Law. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global
World Justice Project [WJP] (2022, octubre). Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022.
