perse
Alétheia
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
Este artículo lo inicié una vez aprobado, en lo general, el “Plan C”. La sesión de la Cámara Alta continuó con el “debate” de las reservas presentadas a los artículos a “reformar”.
Tal y como lo expresé en mi artículo anterior, fue aprobada tanto en lo general como en lo particular para la sesión del 15 de diciembre del presente año, en San Lázaro, bajo la nueva consigna de “aprobar sin ni siquiera leerla”.
Es pertinente subrayar la ausencia total de respaldo, por parte de personas e instituciones serias, a la más reciente muestra de odio añejado y descompuesto del presidente López hacia el INE. No existe un solo artículo académico equilibrado, ni pronunciamiento de algún instituto de investigación, organización u organismo nacional e internacional a tamaño despropósito en contra de la democracia.
Bajo el pretexto de la austeridad republicana –excusa fácilmente vendible al pueblo sabio, pobre y cada vez menos educado– se oculta la intención perversa de volver al INE inoperante e ineficiente al estrangularlo, desmantelando su estructura y reduciendo al mínimo su presupuesto –con el fin de propiciar un caos electoral en 2024– por el temor fundado de perder la elección presidencial.
A todas luces, el “Plan C” es desaseado, perverso e irresponsable.
Desaseado, por violentar claramente preceptos constitucionales al pretender someterlos con una ley secundaria aprobada al vapor. El propio senador Ricardo Monreal denunció haber encontrado, al menos, 21 violaciones a nuestra Carta Magna.
Perverso, por obedecer a un trauma no superado del inquilino de Palacio Nacional.
Finalmente irresponsable por tratarse de un descomunal despropósito al erosionar (que no favorecer) a nuestro sistema electoral y a la democracia.
Resulta, del mismo modo, insultante la falta de respeto a la división de poderes por parte del macuspano al ordenar a sus feligreses senatoriales, desde su púlpito mañanero, modificar los errores encontrados en la minuta enviada a la Cámara Alta, los que, de una manera descarada, intenta justificar con la peregrinada en el sentido de que “los duendes tuvieron la culpa”.
No obstante, más indignante se vuelve el sometimiento de los legisladores pusilánimes que, amedrentados por el mensajero del Palacio Nacional, un tal Adán Augusto López Hernández, a pesar de ser conscientes de las violaciones flagrantes a la ley suprema, aceptaron modificar nada más seis de 21 desmesuras detectadas por el zacatecano incómodo.
En estricto sentido, sólo se eliminaron provisionalmente (en la madrugada regresaron corregidos y aumentados) los chantajes parasitarios del PT y el Verde relativos a eternizarse en el sistema de partidos, así como a su permanente ambición de recibir mayor presupuesto y ninguna sanción por desórdenes en sus padrones.
Prevalecen, sin embargo, las tres principales aberraciones del Perseo de pantano: el austericidio difícilmente republicano; el estrangulamiento operativo del INE y la protección de sus corcholatas y otros servidores públicos tendientes a la sobreexposición, pero reacios a obedecer la ley.
Si la austeridad en verdad fuera un argumento sostenible, bajo dicha óptica tendrían que desaparecer la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, por no cumplir y, menos aún, ser eficientes ni dar resultados en la investigación (que no persecución si no es facciosa) de los delitos, la preservación de la paz ni la tranquilidad de la sociedad.
Hoy por hoy, bajo la responsabilidad de este gobierno (por ser generosos con el castellano), desde el año 2019 a la fecha se han cometido más de 130 mil homicidios dolosos –93% sin resolver–, se reportan más de 31 mil personas desaparecidas y más de 45 mil cuerpos sin reconocer.
La reducción de la estructura del INE, como persigue la reforma en comento, es un berrinche y un arrebato propuesto sin el menor estudio ni justificación técnica que explique por qué fusionar 17 áreas en 12; por qué debilitar a las 32 juntas locales al desaparecer a sus vocales, secretario y de organización; suprimir al secretario ejecutivo (lo que necesariamente entorpece las tareas del Consejo General), así como a las 300 juntas distritales o despedir al 85% del personal civil de carrera.
Por su parte, la protección a las “corcholatas” radica en el hecho de que la visceral y sobreideolgizada reforma busca permitir la propaganda electoral en cualquier momento, sin restricciones y bajo la narrativa de no coartar la libertad de expresión, lo que representa un engaño, habida cuenta de la existencia del principio de legalidad que restringe la actividad de los servidores públicos a lo que se les ordena en la norma.
Esta licencia para violar la ley se hace extensiva a todos los servidores públicos que decidan promoverse sin límites. Se anula la capacidad del árbitro para sancionarlos y para cancelar candidaturas.
Es pública y de amplio conocimiento la falta de respeto a las instituciones, a la Constitución y a las leyes que de ella emanan por parte de AMLO; su catarsis con la que mandó al diablo a las instituciones y el mil veces lamentable “no me salgan con que la ley es la ley”, son testimonios inequívocos de su vocación y ser autoritarios.
Por lo antes expuesto y, tal como lo destaqué en mi anterior entrega, el “Plan C” y sus estropicios que deforman más que reforman el entramado legal e institucional de nuestra frágil democracia liberal, terminarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el desquiciado mandatario volverá a aplicar la amenaza y coacción a los ministros de tal suerte que, al menos cuatro de ellos, se opongan a declarar su inconstitucionalidad.
Al tiempo.
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