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Por Álvaro Delgado
Jesús Murillo Karam no es un preso político, sino un político preso que, como titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), utilizó la tortura de forma sistemática para arrancar confesiones y acomodar los hechos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a las conveniencias –esas sí políticas– del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
A Peña Nieto le urgía poner fin a las movilizaciones que exigían la presentación con vida de los jóvenes y el escándalo de la Casa Blanca de Las Lomas que estalló en paralelo, también en septiembre de 2014, pero la fabricación de la “verdad histórica” tramaba algo más vulgar: ganar la gubernatura de Guerrero, como ocurrió al año siguiente.
No: Murillo Karam no es un preso político, sino un político preso que debe pagar su responsabilidad en la fabricación de la “verdad histórica” con la tortura como método de investigación que permitió, con este argumento, que un sólo Juez dejara en libertad a 77 personas directamente involucradas en la desaparición y asesinato de los normalistas, sobre todo los miembros de Guerreros Unidos.
Los que defienden a Murillo Karam, que son lo más desprestigiado de la política y el periodismo, defienden en realidad una de las formas más atroces del abuso de poder del Estado y de violaciones a los derechos humanos, la tortura, utilizada sistemática y generalizadamente en México por décadas por policías y militares.
Fue en el Gobierno de Peña Nieto, no en la actual administración, cuando Murillo Karam y Tomás Zerón practicaron la tortura contra quienes desaparecieron a los estudiantes, razón por la cual fueron dejados en libertad por el Juez.
¿No ha quedado claro que la “verdad histórica” está sustentada en la tortura y ese solo hecho la descalificó desde su origen? Si la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes, entre ellos un militar infiltrado, ocurrieron como Murillo Karam declaró, ¿por qué demonios tuvo que ordenar la tortura contra 77 personas?
Existen 40 videos, dos de los cuales se han hecho públicos, que acreditan que la PGR de Murillo Karam utilizó la tortura como el principal instrumento para fabricar pruebas, así como sembrar y manipular evidencias, en el propósito de imponer la narrativa de que los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al Río San Juan, con sólo la participación de un grupito criminal y un puñado de policías municipales, “verdad histórica” que encubrió la colusión de altas autoridades de todos los niveles, incluyendo el Ejército, con la delincuencia organizada.
El informe de la Comisión Ayotzinapa ubica a Murillo Karam como el principal responsable de la “implementación” de la “verdad histórica”, seguido de funcionarios de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, de la unidad antisecuestros y de Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
“Las detenciones –enfatiza el informe– estuvieron a cargo de las policías Federales Ministeriales, los Policías Federales, elementos de la Semar y/o Sedena, quienes permitieron o participaron en los actos de tortura para obtener las declaraciones”.
Es decir, en la tortura no sólo participaron funcionarios civiles, sino también militares, 20 de cuyos mandos y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, Guerrero, ya tienen orden de aprehensión por este y otros delitos, como parte de las 83 que la Fiscalía General de la República (FGR) también obtuvo del Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
También están por ser capturados cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula, además de 11 policías estatales y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que habían salido libres precisamente por haber sido torturados por agentes de Murillo Karam.
No: Murillo Karam no es un preso político, sino un político preso que tenía todo el aval de Peña Nieto, el expresidente que también debe ser llamado a cuentas por este aberrante crimen de lesa humanidad que, efectivamente, fue cometido por el Estado.
Y sí: Hay quien todavía defiende la tortura contra seres humanos. Qué asco.
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