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Por Gonzalo Villanueva Ibarra
El pasado miércoles 7 de junio se presentó la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México. Este reporte es realizado por el World Justice Project (WJP), organización internacional, independiente y multidisciplinaria. En esta quinta edición –que muestra los datos de 2022 a 2023–, el organismo internacional continúa con su firme objetivo de generar información, crear conciencia pública y estimular la acción para promover el Estado de Derecho en México.
En palabras de su directora ejecutiva Elizabeth Andersen, un Estado de Derecho efectivo puede ser capaz de combatir la pobreza y la enfermedad, reducir la corrupción y proteger a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Al mismo tiempo, el Estado de Derecho sustenta el desarrollo, hace que los gobiernos rindan cuentas y propicia el respeto de los derechos fundamentales.
Para lograrlo no se requiere de un esfuerzo único, sino de la participación de todas las partes interesadas: funcionarios electos, jueces, diputados, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios de comunicación y por supuesto todos los ciudadanos.
El Índice de Estado de Derecho del WJP se basa en datos de investigación originales extraído de las partes involucradas antes mencionadas. De esta forma, el Índice mide cómo se vive y se percibe el Estado de Derecho a partir de encuestas a hogares y expertos. El Índice muestra cómo funciona el Estado de Derecho en la práctica, en la vida de las personas. De esta forma la información puede emplearse en múltiples instrumentos de planeación a nivel estatal y nacional en busca de cambios sociales positivos.
Vale la pena mencionar que el Índice mide el Estado de Derecho a través de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. El Índice se representa con un puntaje de 0 a 1, siendo 1 muestra de una fuerte adhesión al Estado de Derecho.
Coahuila se encuentra en la posición siete de las 32 entidades del país. Al mismo tiempo tiene el segundo puntaje más alto respecto de sus contrapartes norteñas, sólo por debajo de Baja California Sur. Con un puntaje de 0.45 se encuentra también por encima de la media nacional: 0.42.
Los factores mejor evaluados de Coahuila son “orden y seguridad” (0.69), que comprende la medición de homicidios, victimización y percepción de seguridad; y “derechos fundamentales”, que se refiere a la ausencia de discriminación, el derecho a la vida, respeto al debido proceso, la libertad de expresión, la libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación y derechos laborales.
Uno de los puntos más débiles para el estado es el indicador “límites al poder gubernamental”, puntualmente el referido al de “las elecciones libres, limpias y transparentes”: mientras que la media nacional es de 0.45 respecto a este punto, Coahuila tiene una media de 0.36, tan sólo por delante de Chiapas (0.32), Tabasco (0.34), Estado de México y Quintana Roo (ambas con 0.35). Este dato cobra suma relevancia considerando que apenas el pasado 4 de junio celebramos elecciones en la entidad.
Otro subfactor que requiere especial atención es el “trabajo de la Policía y el Ministerio Público en torno a las investigaciones eficaces de los delitos”. Con un puntaje de 0.21, la medición señala que nos encontramos muy lejos del ideal general. Incluso es posible hacer un paralelismo con el estado de Jalisco, quien sufre un grave incremento en las cifras de sus desaparecidos y tiene un puntaje de 0.20 respecto del mismo subfactor. Cabe resaltar que a nivel nacional esta falta de eficacia de las corporaciones policiacas es la media con el puntaje más bajo.
Otro de los puntajes más bajos (0.30) para Coahuila se observa en el subfactor “las personas conocen sus derechos y confían en las instituciones del sistema de justicia civil”. Lo anterior sugiere que los ciudadanos coahuilenses suelen considerar a este sistema poco accesible o asequible con influencias inapropiadas marcadas y poco ausente de corrupción y discriminación en sus procesos.
Finalmente, la burocracia toma su lugar como uno de los dolores de cabeza para Coahuila. El factor referido al “cumplimiento regulatorio”, que comprende temas laborales, ambientales, comerciales y de salud pública, es uno de los más bajos con un puntaje de 0.38. Puntualmente se tiene una baja ponderación en la resolución efectiva y eficiente de los procedimientos administrativos.
En palabras del organismo internacional, es posible afirmar que México se ha estancado de manera general en la búsqueda de un Estado de Derecho robusto, señalando que todos los estados se mantienen por debajo de la mitad de una calificación idónea.
Dentro de los puntos más preocupantes para las entidades se reconoce una continua contracción del espacio cívico, sobre todo marcada por retrocesos en la libertad de expresión y límites más rígidos al trabajo de organizaciones de la sociedad civil. De igual forma, la ausencia de corrupción cayó en siete estados mientras que mantuvo niveles bajos en diez más. Esto marca la pauta para llamar a acción y sumar esfuerzos desde diferentes esferas de la sociedad en busca del beneficio de la población.
Fuente:
World Justice Project MEXICO. (2023). Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023. https://index.worldjusticeproject.mx/mapa/MX07/2022
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