Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Dentro de un mes, comenzará el torbellino de propaganda electoral. A partir de entonces, las estaciones de radio y televisión en todo el país deberán reservar 48 minutos de su programación para promocionales sobre la elección de jueces, magistrados y ministros. Si se apegan al formato tradicional, serán 96 spots… ¿pero ninguna candidatura a cuadro?
La campaña para los cargos elegibles dentro del Poder Judicial de la Federación será concurrente con aquellas entidades donde también se renovarán jueces y magistrados locales. Iniciarán justo dentro de cuatro semanas —el 10 de febrero y concluirán el 1 de junio; serán 16 semanas operativas, de conformidad con los plazos establecidos en el plan integral y calendario de esta elección. Adicionalmente, la autoridad electoral deberá organizar comicios locales en Durango y Veracruz.
A 137 días de la jornada comicial, con una insuficiencia presupuestal todavía no resuelta, el INE deberá afrontar el proceso más complicado de su historia. Y ante la imposibilidad de corregir la normatividad vigente, los consejeros electorales recurrirán a una fórmula cuestionable: la expedición de acuerdos… susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal Electoral.
Serán 60 días de campañas para los aspirantes a jueces, magistrados y ministros. En las boletas podrían figurar más de 5,374 candidatos —dependerá de las listas que aparezcan el próximo 4 de febrero— pero sólo podrán emitirse en ese lapso poco más de 5,700 spots.
Las limitaciones del formato obligan a que los mensajes —que contratará el INE, por disposición constitucional— sean genéricos, es decir que ninguno de los aspirantes podrá promocionarse en esos espacios. Y esencialmente servirán para divulgar información básica sobre el proceso electoral —los cargos a elegir, fechas relevantes, modalidades de votación, así como la ubicación de centros de votación— y promocionar el micrositio Conóceles que en la página web del INE será habilitado para concentrar la información de los candidatos.
Conóceles, de acuerdo a los lineamientos aprobados por los consejeros electorales, no será un medio de propaganda política y únicamente deberá proporcionar a la ciudadanía información sobre los aspirantes como su identidad, perfil e información curricular. Dicha información será pública y tendrá fines informativos y estadísticos, siendo accesible para cualquier persona.
La consejera Claudia Zavala, sin éxito, propuso que los partidos políticos cedieran sus tiempos oficiales en este periodo (como ocurrió en la pandemia). Y que el gobierno federal suspendiera la emisión de propaganda gubernamental. Todo, para sumar más espacios en los medios electrónicos en los que se informara a la ciudadanía sobre la elección en el Poder Judicial.
La atipicidad de estos comicios obliga, entre otras cosas, a un pautado estatal y también, a la distribución de los tiempos de conformidad con los circuitos judiciales y las circunscripciones federales.
Técnica y jurídicamente, es imposible aplicar el modelo de comunicación contemplado en la legislación vigente. Ya se verá si los 84 candidatos a las nueve posiciones vacantes en el próximo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptan la raquítica cantidad de spots que tendrían a su disposición. Y sobre todo, atendiendo la disposición legal que obliga a la autoridad electoral a garantizar acceso igualitario a los medios electrónicos.
La duración de los mensajes y la producción de los mismos, ahora mismo, es un misterio. Ya no se diga, el formato de los debates, terreno todavía inexplorado.
Por lo pronto, los consejeros electorales ya definieron las reglas a las que habrán de ceñirse los encuestadores durante las campañas, pero nuevamente fueron omisos en la definición del procedimiento sancionador.
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