Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
De las agencias y secretarías de nueva creación, la Anticorrupción es la que atrajo mayores reflectores. Por su titular, Raquel Buenrostro, pero también por las nuevas funciones que concentra y el tamaño del reto que representa materializar una imagen tan temida como bienquista: ser la fiscal de hierro de la Cuarta Transformación.
La reforma constitucional corrigió las desviaciones que el sistema nacional de transparencia acumuló a lo largo de dos décadas y dos versiones de órgano garante (IFAI-INAI) que perpetuó sus vicios originales. La dimensión de esta reingeniería institucional se resume en el cierre inminente de la llamada “casa de la transparencia” –un edificio arrendado hace 10 años—y la habilitación de la “casa del buen gobierno” en un modesto inmueble adyacente la sede central de la SABG que en una época funcionó como oficina alterna para el titular del ramo.
El nuevo modelo institucional para garantizar el cumplimiento de los derechos a la información y la protección de los datos personales ya fue propuesto al Legislativo. La apuesta es la descentralización: el órgano que sustituirá al INAI será un desconcentrado y la Plataforma Nacional de Transparencia ahora será administrada por la SABG, con parámetros más estrictos, mayor austeridad y un cifrado extremo para interconectar a los portales de obligaciones de transparencia.
¿Más transparencia y más austeridad? Mal precedente para los que sobrevivan a la extinción del Sistema Nacional de Transparencia. En el Sistema Nacional Anticorrupción, las pugnas entre la presidenta entrante del Comité de Participación Ciudadana, Vania Pérez Morales, y el secretario técnico, Roberto Moreno, han alimentado rumores y filtraciones sobre el manejo administrativo de esa entidad o la cercanía de sus integrantes con la 4T.
No obstante la incertidumbre sobre la permanencia del SNA, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana pugnaron por un incremento del 12% a sus percepciones salariales. La entonces presidenta, Virginia Alatorre, planteó un aumento general del 10%, mientras que Pérez Morales se manifestó a favor de un ajuste del 12% al alza para la contraprestación a los comisionados y 15% para el Presidente en turno.
Al arrancar este año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción emprendió una reingeniería que redujo al aparato administrativo de ese organismo descentralizado y aligeró el escalafón. Pero los nombramientos propuestos por Moreno fueron objetados al interior, bajo acusaciones de favoritismos.
Al menos dos de ellos no cumplían con el perfil según lo comentado por la titular de la oficina de representante de la SABG. Los encargados de la SENSA aclararon a este espacio que en lo concerniente a los perfiles de los puestos y el nivel salarial de las plazas, solicitaron la aprobación de Hacienda y la dependencia dirigida por Buenrostro Sánchez antes de someterla a la aprobación del órgano de gobierno.
Sus nombramientos deberán ser ratificados dentro de seis meses, de acuerdo con la propuesta formulada por los representantes de la Auditoría Superior de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Antes del escándalo por la presunta extorsión a la FMF, los comisionados del INA se habían enfrascado en una disputa por la asignación de los 499 millones de pesos autorizados por la Cámara de Diputados para este ejercicio.
El control administrativo del órgano autónomo depende de equilibrios precarios. Un plan de retiro voluntario y las prestaciones para el personal de estructura, propuestas por el comisionado presidente, has sido vetadas por sus colegas, no obstante las implicaciones de este último: un bono de 30,000 pesos para el primer cuatrimestre del 2025, para los integrantes del Pleno.
«Para el INAI es fundamental procurar una mejor calidad de vida para las personas que forman parte de sus áreas sustantivas, administrativas y operativas», argumentaron.
EFECTOS SECUNDARIOS
BLINDAJE. El Centro Cyrus R. Vances para la Justicia y la Barra de Abogados de Nueva York publicaron una guía para empresas sobre los riesgos y las implicaciones de la reforma judicial en México. La conclusión es irrefutable: los contratos y las concesiones con el gobierno mexicano quedarían en el limbo, ante la altísima probabilidad de fallos impredecibles, jueces sin experiencia y un sistema politizado, altamente vulnerable a presiones externas. Asesorados por expertos y con cláusulas precisas, los contratos podrán quedar sujetos a mecanismos de mediación y arbitraje.
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