Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
La reforma constitucional de simplificación orgánica transformó a la secretaría de la Función Pública en la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Pero en la Carta Magna y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción están definidos tanto la política nacional en la materia, como su programa de implementación.
La estructura institucional y normativa encargada de combatir a la corrupción está encabezada por la secretaria, Raquel Buenrostro, y su equipo. Entre sus principales componentes está el Sistema Nacional Anticorrupción, donde confluyen instituciones de los tres órdenes de gobierno para una mejor prevención, identificación, investigación, y sustanciación y sanción de faltas administrativas graves y posibles hechos de corrupción.
La articulación del SNA está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano conformado por cinco ciudadanos que —por mandato legal— debe realizar propuestas de política pública anticorrupción y fungir como puente de comunicación entre la sociedad civil y los entes gubernamentales.
Los últimos tres años, empero, no había cumplido completamente con sus funciones. Bajo la égida de la austeridad republicana, la secretaría ejecutiva del SNA —como órgano descentralizado no sectorizado— estuvo administrativamente en el limbo y operó con encargados de despacho.
Paradojas de la simplificación orgánica: la reforma constitucional permitió que la SESNA finalmente contara con la autorización de la Secretaría de Hacienda y el aval de la SABG para adecuar su estructura a la nueva realidad institucional. Este martes 28, los integrantes del órgano de gobierno conocerán la nueva propuesta de adelgazamiento institucional y los perfiles de los servidores públicos que ocuparían las nuevas direcciones generales y jefaturas de unidad.
Un ascenso meritocrático de los gestores de los procesos sustantivos que durante los últimos tres años se desempeñaron como encargados de las áreas, respaldado por la propuesta de instaurar un servicios profesional de carrera en materia de combate a la corrupción.
Ayer, la secretaria Buenrostro recibió a los comisionados del Inai, con quienes acordó establecer grupos de trabajo que preparen la entrega-recepción de las áreas que deberán integrarse a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno después de la publicación de las leyes secundarias de la reforma constitucional sobre simplificación orgánica.
Las preocupaciones sobre la plantilla laboral del Inai quedaron solventadas. Al igual que en el Sistema Nacional Anticorrupción, la conformación de un servicio de carrera en las áreas implica la selección e integración de los perfiles más capacitados para las plazas vacantes.
¿Y la Plataforma Nacional de Transparencia? Ni esa herramienta tecnológica,ni la Plataforma Digital Nacional —el repositorio de los contratos gubernamentales y las declaraciones patrimoniales, administrada por el SESNA— están en las prioridades de la nueva Agencia para la Transformación Digital… por ahora.
¿Y el Sistema Nacional de Transparencia? Las nuevas leyes secundarias en materia de rendición de cuentas y acceso a la información armonizarán las funciones del SNA, la Auditoría Superior de la Federación y los nuevos órganos garantes estatales, con la Secretaría Anticorrupción como instancia central del nuevo esquema institucional.
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