Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
El debate sobre la diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas tiene un efecto catalizador en la consolidación del sistema nacional que permitirá la identificación de los ciudadanos. La creación de una plataforma única de identidad, con capacidad de consulta en tiempo real, implica la expedición de una cédula única con fotografía y huellas dactilares —¿y sin biométricos?— para los residentes en el país, sean mexicanos o extranjeros.
“Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital, esto cuando termine de integrarse la base de datos con fotografía y huellas dactilares”, definió ayer la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.
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Entre las obligaciones constitucionales para los ciudadanos (Artículo 36) está impuesta la inscripción en el Registro Nacional de Población. La legislación vigente también contempla la expedición de una cédula de identidad ciudadana, para los mayores de edad, y una cédula de identidad personal, para los menores de edad.
Durante dos décadas, el Estado mexicano —por razones político-partidistas—privilegió al Registro Nacional Electoral. Hasta el sexenio calderonista se registró un primer intento, fallido, por construir la cédula de identidad: en primera instancia, en tres entidades (Colima, Guanajuato y Baja California), en 2011 y paulatinamente se incluyeron 14 estados en la prueba piloto. A la mitad del sexenio peñista, solo se asignaron 1.8 millones de cédulas de identidad personal, de las cuales sólo 18 se otorgaron en 2014 y 2015, lo cual denota que prácticamente no operó desde 2013.
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Esta reforma implica la consolidación del Servicio Nacional de Identificación Personal y la plena integración de las bases de datos nacionales de la CURP, de identidad biométrica (cédulas de identidad ciudadana y personal), y del Registro Civil (actas de nacimiento) para garantizar el derecho a la identidad.
Un objetivo estatal, pausado por lo menos durante dos décadas. Ahora, la expedición de la CURP con fotografía quedará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y abarcará a los residentes nacionales y extranjeros en el país y a los mexicanos que se encuentran en el extranjero.
El Registro Nacional de Población (Renapo) —distinto a la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población (BDNCURP)— requirió de acuerdos de la Secretaría de Gobernación con las entidades federativas para la adopción y uso de la CURP que nunca fueron totalmente efectivos, pero sobre todo necesitaba de las herramientas tecnológicas suficientes para la identificación y el registro de personas, así como del establecimiento de normas y manuales de operación para coordinar, con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), el registro de los mexicanos en el extranjero y de los extranjeros residentes en el país.
Efectos secundarios
¿BAJO PERFIL? Altor, la financiera fundada por el exsubsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez, se ha posicionado como un actor clave en el ecosistema financiero del país. A pesar de estar inhabilitada por la SFP de Raquel Buenrostro y sancionada por la Cofece en 2019, obtuvo al menos 15 contratos federales por más de 71 mdp, según datos de Compranet; entre ellos destacan convenios con la Sedena para asesorías en el AIFA y el Aeropuerto de Tulum, por más de 40 millones de pesos. Además, Altor ha firmado contratos por 134.8 millones, con ocho gobiernos estatales para reestructuración de deuda. Su casa de bolsa, la única autorizada en este sexenio, también levantó 2,500 millones, mediante un CKD en BIVA. Esta expansión, impulsada por una red de exfuncionarios como Marcela Andrade Martínez y empresarios cercanos como el tabasqueño Gustavo Matías Gutiérrez León, demuestra cómo Altor ha replicado con éxito el modelo de consultoras como Evercore, que desvanecen las fronteras entre asesoría técnica y poder político.
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