Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Con cuatro años de retraso, el IMPI y la Cofepris acaban de publicar un borrador del mecanismo de colaboración técnica que ambas instancias deberán implementar, en cumplimiento del T-MEC, para el registro de medicamentos y equipos hospitalarios, ya sean los titulares de las patentes o sus licenciatarios.
Los formatos contenidos en la propuesta aparecida el pasado miércoles 12 revelan que la comisión sanitaria —y no el organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía—quedará a cargo de la notificación y oportunidad de oposición.
El actual reglamento de vinculación quedaría en desuso. ¿Y las patentes de uso? ¿Y los modelos de utilidad? La versión definitiva del mecanismo de colaboración entre el IMPI y la Cofepris está en ciernes. De acuerdo con la legislación vigente, no se consideran inventos —por lo mismo susceptibles de ser patentados— los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y relativos a animales.
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Los industriales del sector salud están pendientes del deslinde de competencias entre el IMPI y la Cofepris. Un grupo estuvo a mediados de esta semana en el Senado de la República para denunciar las prácticas lesivas de una empresa —que identificaron como de origen coreano— que bajo un esquema denominado Programa Abierto de Innovación ofrece pagos directos a encargados de laboratorios públicos y privados para que realicen estudios que privilegien sus productos y tecnologías, consistentes en insumos para diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas.
Empresarios de origen tapatío observan que a diferencia de otras opciones en el mercado —de origen americano y europeo— esta tecnología es más cara y dilatada, por su sistema de trabajo (pruebas PCR multiplex).
Al igual que otras firmas del ramo, han invitado a sus potenciales clientes a conferencias internacionales de la industria, congresos, seminarios. Adicionalmente —según los denunciantes— los representantes de Seegene México— entregarían dinero por adelantado. ¿Su target? “Los ejecutivos de las empresas públicas y los responsables de los laboratorios de salud pública.
En específico, los denunciantes hablaron en el recinto legislativo de “incentivos” —de 20,000 dólares— entregados a directivos de diversas instituciones, entre las que estarían el Instituto de Salud Pública del Estado de México y la Universidad de Guadalajara, además de viajes y otros beneficios en el Hospital Juárez y el INDRE.
Los denunciantes –que han decidido mantener su identidad bajo reserva, para evitar represalias—ahora tendrán que definir si recurren a la Secretaría de Economía o a la Cofepris.
Efectos secundarios
IRRUPCION. La renovación del parque vehicular del gobierno del Estado de México –2,600 unidades que incluyen autos sedán, pick ups, patrullas, vehículos tipo van y ambulancias— se hará por leasing. Un contrato multianual —tres años, en una primera etapa— por 3,251 millones de pesos por el que finalmente pujaron siete empresas del ramo, aunque la propuesta de Grupo Turbofin, de Bernardo y Aby Lijtszain, fue descalificada por no presentar por separado su oferta técnica y económica. La firma regiomontana Value Automotriz está entre las principales beneficiarias, al adjudicarse la mayor partida, por 894.8 millones de pesos.
FORTALEZAS. Sport City cumple tres décadas en México. Por las 25 instalaciones de esta cadena de deportivos premium han pasado casi un millón de personas. Y para 2025 realizarán una inversión de 35 millones de pesos solo en mantenimiento, con la mira puesta en un crecimiento superior al 11% en ingresos. Con una nueva generación de clientes y el consecuente cambio de hábitos, la firma prepara una nueva plataforma tecnológica para ofrecer un giro en la experiencia fitness.
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