Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Salvados de la guadaña de la austeridad republicana, los organismos desconcentrados en el sector medioambiental —Profepa, Conafor, ASEA, Conabio, Conafor, CAME y Conagua— quedaron comprometidos a cumplir con las 10 metas sexenales, trazadas por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena.
Condicionada por la transición energética, la política ambiental de la administración Sheinbaum busca cumplir con las metas de la Agenda 2030. Bárcena encabeza la comisión intersecretarial de cambio climático, mientras que la senadora emecista Amalia García Medina preside la comisión especial que desde el Legislativo da seguimiento a los compromisos con las Naciones Unidas.
Restaurar los 50 sitios más contaminados, reordenar los ecosistemas costeros, extender 30% la superficie actualmente cubiertas por manglares… la política ambiental y ecológica del segundo piso de la Cuarta Transformación, empero, ha quedado atada —para bien y para mal— a las obras estratégicas del Plan México.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 contempla la apertura de los 15 polos de desarrollo económico y la ejecución de 51 proyectos de energías renovables, con una inversión de más de 13,000 millones de dólares para sumar más de 19,000 megawatts de capacidad adicional al sistema eléctrico nacional. También se fortalecerán redes de transmisión y distribución, y se promoverá el uso de energía distribuida y tecnologías limpias como almacenamiento en baterías, hidrógeno verde y geotermia.
Adicionalmente, se impulsarán programas sociales como la instalación de techos solares en el norte del país para apoyar a familias con altos costos eléctricos y un programa de estufas eficientes de leña para comunidades rurales. Pemex también mejorará la calidad de los combustibles y reducirá emisiones contaminantes, alineándose con los ODS de la Agenda 2030.
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Del activismo —en el mejor de los sentidos— de la secretaria Bárcela, de la senadora García y de otros actores relevantes dependerá que la 4T no pierda su enfoque en la sostenibilidad, la resiliencia y la justicia ambiental.
El nuevo orden económico mundial impuesto por la administración Trump, empero, se opone a un nuevo modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible y con menor huella ambiental. La transformación productiva enfocada en sectores estratégicos como las energías renovables, el transporte sostenible y la economía del cuidado son promesas gubernamentales difíciles de sostener. La urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la regulación de sectores clave y la implementación de programas de compensación de carbono, más.
Por lo pronto, el consenso entre legisladores, oficiales gubernamentales y líderes sociales enfatiza la necesidad de alinear el Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y armonizar tanto la política impositiva como las acciones para una transición efectiva hacia la descarbonización. Más que nunca, se requieren soluciones basadas en la naturaleza, la restauración de ecosistemas clave y la adopción de infraestructura ecológica en las ciudades. Y una transición energética justa con mínimo impacto ambiental, que impulse energías renovables sostenibles y mecanismos de financiamiento verde.
¿Será posible la interconexión entre la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo urbano sostenible en México?
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