Alberto AguirrePor Alberto Aguirre
A 45 días de iniciada la campaña de reafiliación a Morena, los números no mienten: el sistema electrónico tiene capturados casi 2.7 millones de registros —al 15 de marzo—con lo que se ha cumplido con 25% de la meta trazada para este año.
En territorio, los brigadistas desplegados en los 2,480 municipios del país trabajan de acuerdo con la estrategia coordinada por el secretario de organización del CEN partidista, Andrés Manuel López Beltrán. En los primeros 10 días de la campaña, enfrentaron un reto mayúsculo: validar casi un millón de registros obtenidos en un tiempo récord, con el aplicativo y los dispositivos móviles.
El sistema pasó la prueba. Y el aparato morenista —que ha trabajado sin descanso durante una década— ha comprobado fehacientemente que podrá cumplir con la meta impuesta desde Palacio Nacional para dar legitimidad a la elección del nuevo Poder Judicial.
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La lista nominal del INE cerró con 99.9 millones de ciudadanos inscritos, al pasado 28 de febrero. De acuerdo con un sondeo de opinión elaborado por la casa encuestadora SIMO y divulgado durante un seminario organizado por el consultor político Roberto Trad, 20% del electorado cree que la reforma al Poder Judicial era innecesaria y no atenderá al llamado a las urnas, mientras que 18% desconfía del proceso, aunque lo organice el INE. A un poco más de un tercio de los electorales —en resumen— les causa miedo y enojo, no van a participar y en las próximas semanas solo van a quejarse.
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Con un universo de probables votantes de 65 millones y sólo dos tipos de electores —los de decisión y los de opinión— estos estrategas estiman un escenario probable de 21 millones de sufragios para el próximo 1 de junio.
Ese piso de 23% de votación —definen— es materializable por la activación de las estructuras morenistas, que “van a moverse corporativamente por grupos de candidaturas”. Tales estructuras están auspiciadas por otros partidos aliados a la formación oficialista, gobernadores, sindicatos y organizaciones civiles afines al aparato gubernamental.
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¿Y la podría llegar a 30%? El escenario óptimo identifica a un elector no apartidista, de clase media y media alta, que podría acudir a votar atraído con un candidato. Entre los jóvenes que empatan con este perfil poblacional, habría curiosidad en el proceso.
De acuerdo con la reforma constitucional, aprobada el 15 de septiembre del año pasado, prohibió a los aspirantes hacer precampañas y recibir financiamiento, ya sea público o privado, o contratar espacios en radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación para promocionarse.
Las campañas de los candidatos al Poder Judicial Federal arrancarán el 1 de abril. Y durante 60 días, podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de la justicia, así como cualquier otra propuesta de mejora amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión.
Entre los “decisores” y los “movilizables”, la enorme mayoría de los candidatos a jueces y magistrados tendrán recursos limitados para pasar el “primer corte”, que ocurrirá justo dentro de un mes. Una decisión que sólo circunscribe a los círculos de poder y se reduce a entrar a una fórmula rústica: ser incluido en una de las listas que “bajarán” a las estructuras y que —inevitablemente— estarán encabezadas por los aspirantes a ministros, respaldados por algunos sectores morenistas.
Al margen de la línea, sólo queda el aire. Pero los candidatos tienen prohibido contratar spots para promocionarse y deberán sujetarse al tope de gastos que definirá el INE en breve, por mandato judicial. El “tope único” para las campañas fue revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, tras determinar que los montos deben ajustarse según el tipo de elección considerando el cargo en disputa, el número de electores y la territorialidad. El magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón, argumentó que si bien el cálculo inicial se basó en los límites para candidaturas independientes en las elecciones generales a diputados federales, dicha referencia debe adecuarse a las votaciones para renovar al Poder Judicial.
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