Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Dos nuevas direcciones generales, dentro de la nueva secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, han quedado a cargo de enlistar, evaluar, capacitar y (en su caso) sancionar a los “servidores públicos al servicio de la sociedad”.
Ambas instancias, adscritas a la Unidad de Políticas para el Servicio Público, serán funcionales en el combate a la corrupción. Una —la Dirección General de Gestión—empadronará a los empleados federales, incluidos aquellos que hayan obtenido su plaza por el servicio profesional de carrera u ocupen puestos de libre designación.
Y la Dirección General de Evaluación de la Confianza quedó a cargo de instrumentar el proceso al que deberán sujetarse los funcionarios que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel dentro de la administración pública federal, y de aplicarles exámenes médico, toxicológico, socioeconómico, psicológico, psicotécnico y los demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
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Nadie se salvará de la evaluación de confianza, prueba que se aplicará en las instalaciones que para tal efecto se determinen o en cualquier otra parte del territorio nacional, cuando la ocasión lo amerite. El personal activo será convocado a un nuevo proceso, aun si las evaluaciones previas están vigentes. Aquellos que no acudan al llamado en las fechas programadas son sujetos a la aplicación de medidas disciplinarias.
Ambas direcciones deberán integrar un programa en materia de capacitación, certificación y desarrollo de los servidores públicos.
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El Reglamento Interno de la nueva secretaría apareció el 31 de diciembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación y ya tiene plena vigencia. Dicho instrumento normativo estipula que la subsecretaría de Buen Gobierno tendrá entre sus atribuciones instrumentar la política de evaluación de confianza y la prevención de la corrupción.
La subsecretaría Anticorrupción —de nueva creación—quedará a cargo de la planeación, la implementación y evaluación del Programa Anual de Fiscalización, a través del cual se ejecutarán las acciones y programas específicos en la materia.
En la subsecretaría de Buen Gobierno quedó la a Unidad de Políticas para el Servicio Público y, por ende, la ejecución de las disposiciones de carácter genera en materia de profesionalización e integridad, servicio profesional de carrera y rendición de cuentas.
Para la evaluación de confianza de los servidores públicos se crea una dirección general ex profeso y está contemplada la implementación y operación de un nuevo servicio profesional de carrera. Además se habilitan dos nuevas direcciones para la organización y la remuneración de las dependencias de la administración pública, que para esos efectos quedan divididas en dos grandes divisiones.
En el sector A están: la oficina de la Presidencia, la consejería jurídica del Ejecutivo federal, el IMSS, el ISSSTE y las secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Anticorrupción y Buen Gobierno, Educación Pública, Salud y Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
En el sector B quedan los entes públicos adscritos a las secretarías del Bienestar, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura y Comunicaciones, Trabajo y Previsión Social, Turismo, Cultura, Mujeres, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, los tribunales agrarios, las entidades no sectorizadas, los órganos reguladores coordinados en materia energética y las empresas públicas del Estado.
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