Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
No serán los 20 pesos sugeridos por la dirigencia panista para la gasolina Magna, pero la próxima semana habrá un homologación en el precio de las gasolinas que venden las estaciones de servicio de todo el país sin alterar las bases del mercado.
La politiquería quedó al margen. En el esfuerzo titánico del gobierno federal para reducir la inflación, la colaboración del empresariado nacional ha resultado fundamental. El pacto entre las autoridades y los gasolineros permitirá establecer control al precio de los combustibles líquidos utilizados por el parque vehicular.
Las acciones disuasivas surtieron efecto. Aunque basada en un anacronismo legal —susceptible de impugnación, en términos estrictamente administrativos— la autoridad impuso sellos en las gasolineras que “se vuelan la barda” con los precios. Las estaciones sancionadas en las principales urbes del país han sufrido el impacto de la estigmatización.
Los gasolineros insisten en que la sobrerregulación y los elevados costos logísticos redujeron drásticamente sus márgenes de ganancia. Y que algunos —los que venden más barato— han tenido que recurrir a medidas extraordinarias para mantener la lealtad de sus clientes… y quedarse fuera del radar de los inspectores de Profeco, aunque el daño ambiental sea enorme.
La autorregulación no funciona. Los primeros contactos del segundo piso de la 4T con los empresarios del ramo estuvieron a cargo del exvocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, y fueron promovidos por el extitular de la Profeco y actual senador, Ricardo Sheffield Padilla. Ambos, en la conferencia de prensa del Salón Tesorería, impulsaron la sección “¿Quién es quién en los precios de las gasolinas?” y el reconocimiento para los concesionarios que venden litros de a litro.
El funcionario conoció entonces —de primera mano— las quejas de los gasolineros por la sobrerregulación, el huachicol fiscal y, sobre todo, la competencia desleal. “Revisen la calidad de la magna y la premium que venden en las estaciones con los precios más bajos”, retaron. “¿Y a quién le compran el combustible?”.
Expuesto, el negocio de las comercializadoras que traen gasolinas en buque, la declaran ante las autoridades aduanales como otros hidrocarburos y las introducen al país de manera irregular.
La fórmula para hacer que las gasolinas bajen empieza con una acción ya autorizada por la dirección general de Pemex: establecer un precio único para el despacho de los combustibles en las 73 terminales de almacenamiento distribuidas en todo el territorio nacional. ¿Y el IEPS? Los estímulos fiscales son del pasado. La Hacienda pública no verá mermado sus ingresos.
En una primera instancia, el acuerdo entre las autoridades federales y los gasolineros para establecer un precio único —24 pesos por litro de gasolina regular— será suscrito por los casi 8,000 franquiciatarios de Pemex y se espera el visto bueno de las 6,000 estaciones de servicio que venden productos bajo la imagen comercial de alguna otra empresa privada. En este subconjunto, G 500, Hidrosina y Mobil son los más numerosos. Una década escabechina para los gasolineros afiliados a Shell, Total y BP que han disminuido drásticamente su participación en el mercado, mientras que Servifácil —grupo 100% mexicano, con presencia en 11 entidades federativas— es el jugador emergente.
El control de precios, para la tortilla, no pudo ser instrumentado por Sader. Para poner freno a los gasolineros, la Profeco, la Comisión Reguladora de Energía, la Semarnat y las autoridades locales podrán ejercer todo el peso de la ley. Ni más ni menos.
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