Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Sabedores de que sus días en el Inai están contados, los comisionados están dispuestos a sacrificarse y entregar sus cargos, con tal de proteger a los 800 empleados del organismo… pero en corto plazo, mantienen la agenda de viajes internacionales por la que se ganaron el repudio de la Cuarta Transformación.
Josefina Román Vergara —quien propuso hace dos meses a sus tres compañeros del pleno que renunciaran, mientras su homóloga, Blanca Lilia Ibarra, acudía a una reunión en Nueva York— encabeza una delegación de seis funcionarios del Inai que pasarán una semana en Bailía de Jersey, Inglaterra, para participar en la Asamblea Global de la Privacidad.
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Norma Julieta Del Río declinó acudir a ese evento y otra salida a Tegucigalpa, “en virtud de la situación que atraviesa el Inai y por motivos de austeridad”, pero Román Vergara no pudo excusarse.
El presidente del organismo, Adrián Alcalá Méndez, comentó que era una irresponsabilidad profesional renunciar y que sólo accedería a retirarse si el Senado garantizara el quorum legal.
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Atrapado por sus pleitos internos, el Inai hizo su movida final. Aunque 48 horas después de que concluyera el plazo otorgado por la secretaria de Gobernación para entregar su propuesta de reingeniería institucional.
En medio, la aprobación —el pasado miércoles 23— del proyecto de Presupuesto para 2025 por 994 millones de pesos, que es 9.4% a la de este año.
Tanto en la elaboración de esta propuesta como la reingeniería enviada a Rosa Icela Rodríguez parten del mismo postulado: optimizar recursos sin comprometer funciones esenciales ni reducir las remuneraciones.
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En efecto, la “tarjeta de adelgazamiento” —cinco láminas— inicia con referencias a las normas internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir para garantizar la privacidad y proteger los datos personales. El Inai, enfatiza, es una instancia equivalente a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y la oficina del Comisionado de Privacidad, de Canadá.
El rediseño del Inai está enfocado a preservar los derechos de acceso a la información y protección de datos mediante una optimización de recursos que reduce al “mínimo indispensable” al gasto operativo del Instituto y traspasa el arrendamiento financiero de la sede a la administración federal.
Aunque la propuesta implica una planeación con un pleno de cinco comisionados (dos menos que los establecidos por la normativa vigente) y el despido del personal eventual y del contratado por honorario, el ajuste no contempla una reducción de los sueldos para mandos medios y superiores, ya que —argumentan— el Inai se alineó a las políticas de austeridad implementadas desde la administración anterior.
Actualmente, de los 1,097.3 millones de pesos que el Inai recibe del PEF, 80% está amarrado a la cobertura del capítulo 1000, servicios personales. La compactación de plazas y la reducción del gasto de operación apenas representan 114.6 millones.
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