Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
El 21 de diciembre del 2024 comenzó a correr la cuenta regresiva del Inai. El decreto de la reforma constitucional sobre la “simplificación orgánica” concedió 90 días naturales al Congreso de la Unión para adecuar las leyes secundarias. En materia de acceso a la información y la protección de los datos personales, también implicaba contemplar la extinción del Inai y la creación de un nuevo órgano desconcentrado denominado Transparencia del Pueblo.
En los contextos locales —de acuerdo a los transitorios del decreto—, las legislaturas estatales también tendrían un plazo de hasta 90 días naturales para armonizar su marco jurídico y desaparecer los órganos garantes de las 32 entidades federativas. La Plataforma Nacional de Transparencia quedará a cargo de la Agencia para la Transformación Digital.
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“Cuando corresponda”, los recursos humanos de esos entes públicos pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones. Tanto en el Inai como en los órganos garantes, la enorme mayoría de los empleados no quiere trabajar para la Cuarta Transformación y prefería optar voluntariamente por un paquete de retiro.
Inexistente, de facto, la relación laboral de los 600 trabajadores del Inai. Ayer, entre la “familia Inai” circuló una convocatoria electrónica para emplazar al comisionado presidente a una asamblea general con todo el personal, para socializar la propuesta de liquidaciones. En caso de que no recibieran una “respuesta inmediata y clara”, tomarían la sede central del órgano autónomo el próximo martes 18.
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Ese día está programada la última sesión ordinaria del Pleno de Comisionados y el miércoles 19, una reunión del Sistema Nacional de Transparencia, cuya celebración quedaría en vilo.
De acuerdo con esa versión, el director jurídico del Inai, Gonzalo Sánchez de Tagle, impidió que el pleno votara la propuesta que precisaba los montos y las fechas para el pago de las indemnizaciones al personal de estructura y de confianza que en la víspera, el presidente del Inai, Adrián Alcalá Méndez había acordado con las tres comisionadas.
“Alcalá quiere vender como un éxito suyo que no se gaste ese dinero, que es nuestro”, alertó la comunicación. “Despertemos como comunidad y levantemos la voz, demostremos que el pueblo tiene el poder”. Los organizadores de la protesta amagaron con bloquear la avenida Insurgentes para obtener una respuesta satisfactoria a sus reclamos. En caso contrario, insistieron, cerrarán el Anillo Periférico.
“Seguimos trabajando incansablemente en una alternativa que sea viable —tanto legal como administrativamente— para salvaguardar sus derechos”, reviró el titular del Inai, en un correo electrónico, “hubiera sido una irresponsabilidad consentir una iniciativa o proyecto de acuerdo que no tuviera un sustento legal sólido”.
“La desinformación, las imprecisiones y las calumnias —sin importar de dónde provengan o el medio que se utilice para difundirlas— solo agravan el panorama y generan división, que no nos podemos permitir en este momento crítico”.
Efectos secundarios
CLAMOR. Afectados por los impagos de ICA y sus filiales desde el año pasado, el colectivo conformado por las empresas Mezclas Asfálticas y Caminos, Kypcon Ingenieros Civiles, Infraestructura GS, Construcciones Peñascos, Marco Antonio Váldez, ICAPSA Infraestructura y Toposervis, valora recurrir a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, para convencer al gigante constructor de liberar los pagos pendientes, que suman casi 10 millones de dólares y se extienden a Holding Prefabricados, Constructora El Cajón, Constructora MT de Oaxaca y Compañía Hidroeléctrica La Yesca.
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