Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Con un Pleno incompleto, con cuatro de siete comisionados en funciones, y una estructura orgánica que emplea a más de 1,400 trabajadores, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se vio obligado a implementar un drástico ajuste en su política laboral, para encarar la ruta de su extinción.
Justo el mismo día —el pasado viernes 20— que el decreto de la reforma de simplificación orgánica apareció en el Diario Oficial de la Federación, los empleados del IFT fueron notificados sobre las disposiciones administrativas del Pleno.
Adiós a la estrategia quinquenal y al Plan Anual de Trabajo. De la inclusión digital, ni hablar… Con para apenas 500 millones de pesos de presupuesto aprobados para el año 2025 —menos de 10% del presupuesto con el que contó en 2014— deberá asegurar el cumplimiento de su mandato constitucional como el órgano autónomo encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como autoridad en materia de competencia económica para ambos sectores, por lo menos seis meses más.
En una “situación crítica” por la insuficiencia presupuestal, la operación del IFT irá a los mínimos sostenibles. A partir del 1 de enero del 2025, sus empleados sólo percibirán su salario bruto.
Cero prestaciones, ni siquiera el apoyo para teletrabajo. Y si bien por ahora, no se tiene contemplado despido de personal ni programas de retiro voluntario. Todas las plazas eventuales quedan canceladas. Los viáticos, también. Y las comisiones y los viajes, incluso al interior de la República.
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La reforma al Artículo 28 Constitucional, incluido en la iniciativa presentada por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero, estipulaba que las funciones que actualmente desempeña la Cofece serían transferidas a la Secretaría de Economía, mientras que las del IFT en materia de competencia económica serían transferidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Así, ambas dependencias del Ejecutivo federal se encargarían de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica y de sustanciar los procedimientos relacionados con los mercados.
No obstante, hace un mes Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada morenista en San Lázaro presentó reservas al Proyecto de Decreto para modificar la redacción del Artículo 28 constitucional y las disposiciones transitorias del mismo.
El cambio más relevante incorporado es la creación de una única autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, la cual deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, incluyendo los de telecomunicaciones y radiodifusión.
Esa reserva también modificó las atribuciones de la naciente Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, originalmente contemplada para: formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la administración pública federal.
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Las obligaciones que el T-MEC impone a México obligaron a la reforma. Así, la nueva instancia de competencia económica contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento.
El personal del IFT —es la expectativa— será transferido tras de que el Congreso de la Unión defina las leyes secundarias en materia de competencia y libre concurrencia y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente. En la Agencia para la Transformación Digital simplemente no tendrá cabida.
Una plantilla laboral con más de una década de especialización está en vilo. La Cofece y el IFT se extinguirán una vez que entren en vigor las modificaciones al Artículo 28 constitucional, es decir 180 días después de la entrada en vigor de la legislación referida.
Los comisionados de ambos organismos autónomos que continúen con su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor de las modificaciones al Artículo 28 constitucional.
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