Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Margarita Montero Rojas trabajó durante 16 años en el órgano autónomo encargado de la transparencia y la rendición de cuentas y allí seguiría si no hubiera sido despedida, a mediados del 2019. Su relación con el Inai, empero, no ha concluido.
En septiembre del año pasado —cuatro años después de su baja, como directora de recursos financieros— fue notificada de un procedimiento administrativo en su contra, como presunta responsable de abuso de funciones. ¿Su falta? Haber encubierto al exjefe del área de promoción Alejandro Torres Sandoval , quien acumulaba un adeudo por casi 100,000 pesos de viáticos, de comisiones realizadas en los ejercicios fiscales de los años 2017 y 2018.
La titular del OIC del Inai, Alma Patricia Sam , emplazó a otros tres funcionarios de la Dirección General de Administración en cumplimiento a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2021.
El asunto ya había llegado al Pleno de Comisionados. El 15 de abril, la directora de administración informó que el excomisionado Eugenio Monterrey Chepov –quien había sido cesado cinco meses antes, como secretario ejecutivo del SNT— ya había cubierto sus adeudos y de Torres Sandoval “apenas va a realizarlo”. Del cumplimiento de esa promesa quedaría también encargado Gonzalo Sánchez de Tagle, director jurídico.
Desde su nacimiento, en el 2014, el Inai reservó una parte importante de sus recursos para el financiamiento de eventos y los viáticos, tanto de los comisionados como de mandos medios y superiores. Tan solo en el 2024 —a pesar de las críticas vertidas en la conferencia mañanera de Palacio Nacional—, realizaron 45 viajes internacionales.
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Opacos, desde entonces, viajaron por los cinco continentes y las 32 entidades de la República Mexicana con cargo al erario. De acuerdo con la ASF, otro de los males crónicos del Inai son el cobro de diezmos a funcionarios de estructura y honorarios, además de 64 servidores públicos (20% del personal de confianza) con parientes (familiares directos y por afinidad) dentro de la planta laboral.
En ese listado, elaborado por el grupo que realizó la auditoría forense 226, no aparece Torres Sandoval, quien ya había dejado el Inai cuando fueron levantadas las entrevistas con el personal. Su esposa, Alejandra Sánchez Camacho, actualmente está al frente del departamento de producción editorial en la Dirección de Comunicación Social.
Los males crónicos del Inai explican, en gran medida, el pésimo clima laboral y los bochornosos incidentes que involucran a la comisionada Norma Julieta del Río . El más reciente, el pasado jueves, con Sánchez Camacho. Anteriormente, con el exsecretario de Datos Personales, Jonathan Mendoza Iserte . Y con frecuencia, con el vocero del Instituto, Eduardo Arvizu .
Los roces entre la comisionada y Sánchez Camacho pasaron de los reclamos, a los videos y los mensajes en redes sociales. El caso podría ser resuelto por el OIC del Instituto, la CNDH, la FGR, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, si las denuncias y quejas por violencia, abuso de autoridad, hostigamiento, amedrentación (sic), acoso laboral, intimidación y amenazas, son ratificadas y admitidas.
Ante la “socialización mediática” del incidente, Del Río Venegas remitió una comunicación a sus colegas comisionados en la que asumió como agredida, vinculó a su subordinada con la mafia del Inai —en la que incluyó al excomisionado Óscar Guerra Ford y al presidente del Inai, Adrián Alcalá —y también se querelló.
Detrás del exabrupto, detonado por defensas conterráneas, están dos grupos políticos con indudables nexos morenistas. Uno, zacatecano. Otro, chihuahuense.
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