Por Alberto Aguirre
Aun intacto por la reforma constitucional, el Sistema Nacional Anticorrupción está en el limbo. La (falsa) narrativa de la posible eliminación de la Plataforma Nacional de Transparencia ha distraído la atención sobre dos de las tareas incumplidas por ese órgano: la rehabilitación plena del Compranet y la compilación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
El mercado digital anticorrupción —como lo denomina Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, presidenta del Comité Coordinador del SNA— podría quedar trunco. El nuevo marco legal deberá precisar las competencias de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como conductora de la Política Nacional en la materia, en tanto que la PNT y Plataforma Digital Nacional –que actualmente conecta a 2,856 entes y concentra la información sobre contratos, sanciones y declaraciones patrimoniales— podrían pasar a la administración de la nueva agencia, encabezada por José Merino.
La iniciativa de reforma presentada originalmente por el presidente López Obrador contemplaba la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del SNA. Este martes, el secretario técnico de esa instancia, Roberto Moreno Herrera, someterá ante el Pleno del Consejo Coordinador la propuesta de nueva estructura orgánica y los perfiles para los mandos medios vacantes: Paulina Vallejos Escalona, para la Unidad de Política Pública; Nancy Camacho Díaz, para la Unidad de Plataforma Digital Nacional; Dionisio Zabaleta Solís, para la dirección general de Riesgos e Inteligencia Anticorrupción; y Jorge Acevedo Piña, para Dirección General de Fomento de la Cultura e Integridad.
Una propuesta que al interior del organismo ha sido mal recibida, principalmente por los sueldos que percibirán los nuevos funcionarios. “Cree que somos autónomos, como los comisionados del Inai, y solo beneficia a sus más cercanos”.
En particular, impugnan la propuesta de Vallejos quien llegó hace dos años al Sistema. A raíz de ese nombramiento, la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, pidió que en fututos nombramientos concursara las plazas y sometiera una terna para decidir en su caso.
La reciente reforma constitucional que procura la simplificación orgánica decretó la desaparición de siete organismos autónomos, pero dejó intactos a los sistemas nacionales Anticorrupción y de Transparencia. Los asientos que quedarán vacantes en ambas instancias será un tema secundario en la audiencia que este mediodía concederá la secretaria Raquel Buenrostro a los cuatro integrantes del Pleno del Inai.
La publicación de la legislación secundaria corregirá cualquier duplicidad o inconsistencia. La mayoría morenista calcula que así ocurra a más tardar en cuatro semanas, lo que dará al Inai apenas un mes más de vida.
La cita, más allá de las cortesías, no dejará mayores dividendos… salvo que los comisionados insistan en dirimir sus diferencias antes la titular de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El fuego amigo derivó en una auditoría especial sobre el desempeño financiero cuyos resultados fueron filtrados provechosamente para las partes en conflicto.
Esas rencillas podrían incidir en la resolución de las sanciones a los equipos de la Liga Mexicana de Fútbol, obligados por ley a cuidar los datos personales de los aficionados que ingresan a los estadios con el llamado FAN ID.
Efectos secundarios
CAMPAÑAS. Una empresaria del poniente del Estado de México acaba de concluir sus memorias. Uno de los capítulos de ese trabajo autobiográfico describe descarnadamente la voracidad de los primeros años laborales de una de las estrellas rampantes de la 4T, empresario taurino, líder sindical y uno de los vicecoordinadores de bolsillo de la bancada mayoritaria en San Lázaro. Es la historia de un despojo.
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