Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
El frente común que los cuatro comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información mostraron ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apenas resistió una semana. Su intención de salvar al organismo autónomo tal vez requiera medidas extremas, como expuso la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien públicamente reveló ella y su homóloga, Josefina Román Vergara, están dispuestas a renunciar, en aras de preservar los ingresos de los empleados y sus familias.
La renuncia fue puesta en la mesa por la comisionada Román Vergara ante el resto de los integrantes del Pleno hace siete semanas y de inmediato fue respaldada por Del Río Venegas. “Yo no tengo problema en irme, pero, ¿quién garantizará los derechos juramos tutelar?”, reviró el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, quien condicionó su aceptación a esa solución de punto final a que el Senado de la República cumpla con el mandato constitucional y complete la integración del Inai
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Actualmente el Instituto tiene 759 empleados; la mitad ocupan jefaturas de departamento, subdirecciones y direcciones de área y entre ellos, 60 mandos superiores. Para cubrir esos sueldos se requieren 45.7 millones de pesos mensualmente. Fuera de la estructura, están otros 93 empleados; 24 eventuales y 69, por honorarios, que quedarían fuera, con lo que se ahorrarían 44.3 millones de pesos.
“Tras un análisis del Estatuto Orgánico del Inai es necesario fusionar las unidades administrativas que realizan funciones muy similares entre sí”, resalta una propuesta de reingeniería elaborada por la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, que identificó a 138 funcionarios en direcciones generales y secretarías que duplican funciones y que concentran un presupuesto de 132.7 millones de pesos. Esta propuesta de simplificación administrativa contempla reducir el Pleno de comisionados, actualmente con siete asientos, a cinco, lo que implica un ahorro de 40 millones de pesos anuales.
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El pasado jueves, ante la secretaria de Gobernación, los comisionados del Inai presentaron información sobre su remuneración neta anual: un millón 778,077 pesos, por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones netas después del pago de impuestos.
Esta propuesta de recorte de personal representa una reducción de 25% al presupuesto del Inai, pero los comisionados mostraron disposición de llegar hasta 50% pero los trabajos de los equipos técnicos no fructificaron.
Del Río Venegas también entregó información sobre otros asuntos polémicos al interior del Inai, entre ellos: los contratos con empresas que prestan servicios de outsourcing, el arrendamiento del edificio sede del Inai contratado con Banamex, y un listado de 11 servidores públicos de alto nivel que tramitaron amparos contra de la Ley de Austeridad Republicana.
El pasado miércoles 23, en el Pleno del Inai aprobó el anteproyecto de presupuesto que enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del paquete económico 2025. El requerimiento es de 993.9 millones de pesos, 10% menos de lo autorizado por el Congreso de la Unión en el PEF 2024.
Antes de validarla, la comisionada Del Río aclaró que este acuerdo cumplía con las disposiciones legales, pero que era distinto de la “tarjeta de aligeramiento” organizacional, requerida por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. “Sí es presupuestal —precisó— pero en otra materia. Es diferente”.
“Efectivamente, aún no se materializa”, acotó el comisionado presidente, Alcalá Méndez, “este planeamiento de reasignación toma en cuenta los criterios de austeridad y al esquema operativo actual”.
Al cierre de este espacio, la “tarjeta de aligeramiento” no había llegado al despacho principal del Palacio de Covián.
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