Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
No sectorizada, aunque descentralizada, la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción ejecuta las actividades, indicadores y metas que define su órgano de gobierno. Entre sus funciones está la administración de la Plataforma Digital Nacional, a la que deben conectarse los entes públicos de los tres niveles de gobierno para subir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
En el ejercicio fiscal 2022, sus estados financieros presupuestarios fueron desaprobados por la firma auditora contratada por la Secretaría de la Función Pública para tales efectos.
Dado su carácter sui generis dentro de la Administración Pública Federal —sin ser un órgano o una institución, debe procurar la coordinación de las acciones de prevención, identificación, investigación, sustanciación y sanción de faltas administrativas graves, así como posibles hechos de corrupción— la oficina del entonces titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, formuló (vía oficio) una comedida, pero respetuosa invitación a la directora general de administración del secretariado ejecutivo del SNA, Laura Elizabeth González Stanford.
“Solicitamos se adopten las medidas pertinentes para subsanar las causas” que propiciaron que la firma auditora se abstuviera de opinar sobre sus estados financieros. Para solventar ese incómodo lapsus, Salcedo Aquino ofreció al secretario ejecutivo del SNA el “acompañamiento” de la titular del órgano interno de control, Mónica Vargas Ruiz para que entregara, en tiempo y forma, la información requerida por la firma auditora. Y dio instrucciones para que la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal atendiera cualquier eventualidad.
A menudo, el trabajo de los contralores y de la Auditoría Superior de la Federación se realiza con menos facilidades y espíritu colaborativo de los llamados órganos constitucionales autónomos. En la revisión de la Cuenta Pública 2023, la institución que dirige David Colmenares Páramo ordenó una auditoría forense de la gestión financiera en el Inai.
La auditoría forense 226 es complementaria a la realizada en el 2023 y estuvo motivada por un cúmulo de denuncias anónimas —recopiladas por la comisionada Norma del Río Venegas— y de solicitudes de información que el Pleno del Inai tuvo que resolver sobre sus gastos ordinarios.
Efectos secundarios
¿PROTEGIDO? El esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió la presunta extorsión a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol por funcionarios del Inai expondrá a los verdaderos protagonistas. Y el expresidente del organismo, Francisco Acuña Llamas, está entre los principales sospechosos de una indagatoria en ciernes. Refugiado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el abogado zacatecano fue blanco de trascendidos, por su reubicación en la Escuela Judicial. Su esposa, María del Rocío de la Torre Aguilar, es la directora del área de auditoría y control interno en el TEPJF.
CAUSANTES. El oriente del Valle de México se vio colapsado ayer por los bloqueos realizados por afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud a los accesos al AICM y distintas vialidades de Chicoloapan, Chimalhuacán y Ecatepec. Su reclamo es la destitución de la secretaria de Salud de la entidad, Macarena Montoya Olvera, ante la falta se insumos clínicos y medicamentos. Los concesionarios del transporte público en la zona de Cuautitlán, por su parte, han encausado sus protestas contra Daniel Sibaja, secretario de movilidad del gobierno de la morenista Delfina Gómez, a quien responsabilizan de acciones intimidatorias y persecución.
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