Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
En curso, la reestructuración de la administración pública federal generará, en los primeros 100 días del nuevo gobierno, dos nuevas secretarías: de las Mujeres —con la conversión del Inmujeres— y de Ciencia y Tecnología, que sustituirá al Conahcyt. La Secretaría de la Función Pública se transformará en la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
En ese lapso, anunció Raquel Buenrostro, ocurrirá la recuperación del histórico de CompraNet para consulta ciudadana. Entre Hacienda y la SFP, ¿quién lo tenía secuestrado? A saber. Lo cierto es que la versión 5.0 de ese sistema —la ventanilla electrónica para los proveedores de bienes y servicios para el gobierno federal— desapareció hace tres semanas con toda su información, incluyendo los archivos de Actas de Fallo de las licitaciones nacionales e internacionales.
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“Sólo dejaron disponible una relación de los contratos, sin embargo, no es posible identificar los productos/partidas adjudicados”, refiere un usuario de dicho sistema. Hoy no es posible saber qué compraron las dependencias federales entre el 2012 y el 2022.
Buenrostro junto con la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, y Ernestina Godoy, la consejera jurídica de la República, han trabajado en el rediseño de la SFP, que si bien ampliará sus áreas de competencia, también cederá algunas de sus funciones sustantivas a la nueva Agencia para la Transformación Digital.
Algunos cambios ya están en ejecución, por acuerdo presidencial. Otros requieren ser sancionados por el legislativo, con reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Adquisiciones y de Obras.
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Mecanismos más ágiles, pero sobre todo blindados de injerencias perniciosas. El equipo encabezado por José Antonio Peña Merino elabora la herramienta que sustituirá al sistema CompraNet 5.0, cuya obsolescencia fue decretada desde finales de la pasada administración.
El uso del software libre y los estándares abiertos, el desarrollo de aplicaciones institucionales con utilidad pública, la autonomía, soberanía e independencia tecnológicas dentro de la APF, pero sobre todo construir una base tecnológica robusta y homogénea en las Instituciones del Estado, es el objetivo.
Esas acciones ya son notorias. Algunas, como la inhabilitación del Centro de Geointeligencia que funcionaba en la Secretaría de Turismo para brindar asistencia vial a los turistas en la red carretera federal confirman que serán descartados aquellos productos o servicios que no sean estrictamente indispensables.
Otras, como la cesión del software para unificar las plataformas digitales de las dependencias públicas —bajo el modelo “llaveCDMX”— serán la fórmula para concentrar el compromiso presidencial de simplificar y agilizar trámites con el gobierno digital, pero también ser más transparentes, menos proclives a la corrupción.
La identidad digital será el ancla de los trámites y servicios que podrán reclamar los mexicanos, sin importar su edad o su lugar de nacimiento. El primer paso ya ocurrió, en los tiempos en que el recién designado director de CFE Telecomunicaciones e Internet, Emiliano Calderón, estuvo en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República.
La vinculación del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación es esencial en las tareas de buscar, generar y validar los datos personales que ahora están a cargo de la oficina que encabeza Pepe Merino.
Desde hace 18 meses, la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y de la Seguridad de la Información ha puesto los cimientos de la consolidación de la base de datos que permitirá —en un futuro cercano— emitir una cédula única de identidad.
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