Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Después de 40 meses y una inversión de 500 millones de pesos, la vacuna mexicana para prevenir el Covid-19 sigue en suspenso. Las últimas informaciones sobre la fase clínica II del proyecto, encargado a la titular del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, datan de agosto del 2022.
La integración del “grupo centinela” se había dificultado. En parte, paradójicamente, por el avance del plan de vacunación implementado por la administración lopezobradorista, en parte por la dispersión de la cepa Ómicron, que obligó al laboratorio Avi-Mex a ajustar los ensayos de su biológico.
Con siete décadas de experiencia en el mercado de la salud animal, los socios de esa firma —egresado de la Facultad de Veterinaria de la UNAM— hace 15 años tuvieron acceso a la tecnología que permitió desarrollar la vacuna contra el virus AH1 N1. Para la siguiente pandemia global estaban listos para generar una vacuna capaz de generar anticuerpos neutralizantes.
La historia —y la Cuarta Transformación— ha sido injusta con el esfuerzo titánico del equipo de especialistas encabezado por Bernardo Lozano Dubernard y Armando Antillon Rionda. En el último esfuerzo por tener lista una vacuna antes de que concluyera la administración de Andrés Manuel López Obrador, volcaron su energía para tener listo una aplicación nasal, desarrollada principalmente para poblaciones vulnerables. Niños, especialmente.
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La escasez de recursos y la tardía autorización sanitaria de Cofepris dieron al traste con esa intención, aunque la evidencia de una alianza exitosa y estratégica de innovación público-privada con el sector productivo nacional allí queda.
Hay un correlato: De acuerdo con el Plan de Gestión a Largo Plazo para el Control de Covid-19, publicado el 8 de junio de 2023, la Cofepris autorizó el uso en la emergencia de los siguientes biólogos: Abdala (para población de 5 años en adelante) y AstraZeneca, Cansino,Janssen Moderna, Corona Vac (Sinovac) – Sputnik-V y Pfizer/BioNTech, para mayores de 18 años.
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Una vez finalizada la emergencia sanitaria, sería necesaria una transición en el corto plazo que permitiera la incorporación de la vacuna para la prevención de Covid-19 al Programa de Vacunación Universal, en el que las instituciones federales de salud, como las secretarías de salud estatales debían adquirir una responsabilidad operativa central, con base en los lineamientos que definiera el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, órgano rector en la materia.
En septiembre del 2023, de acuerdo con el Programa de Vacunación Universal, debían estar listas las licencias sanitaria para las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que así lo solicitaran y éstos biológicos quedarían integrados en el compendio nacional de insumos.
Para adquirir la vacuna Abdalá —de manufactura cubana— la Secretaría de Salud contrató a una farmacéutica denominada Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Como intermediario, la firma Neuronic Mexicana.
En las modificaciones al contrato, las partes pactaron tres entregas. Pero el pago se inició en 2023 por la friolera cantidad de 212,640 millones de pesos. El cargamento sumaba 52 lotes de los cuales —al cierre del informe sobre la cuenta pública 2023 de la ASF—sólo 14 se habían distribuido.
Entre 2023 y 2024 Birmex ingresó 32 lotes, 14 fueron distribuidos completamente y 18 parcialmente.Al 17 de junio había 18 lotes en existencia de dosis de la vacuna, con una caducidad de 24 meses (octubre y noviembre de 2025).
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