Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
El viejo régimen entregó a los caciques magisteriales el control de los centros de educación básica y también, el manejo de los fondos del ISSSTE. En una primera época (priista), Carlos Jongitud Barrios saltó de la secretaría general del SNTE a la dirección general de la institución. Y en el calderonismo, mientras Elba Esther Gordillo dominaba las estructuras sindicales; los planes educativos, a través de su yerno, y al Instituto, a través de Miguel Ángel Yunes Linares.
Los desarrollos inmobiliarios, y el manejo de los créditos hipotecarios, era lo que interesaba más a los elbistas. La maestra llegó a la secretaría general del SNTE tras una colérica movilización de la disidencia magisterial que amenazaba la precaria legitimidad del régimen salinista.
Entre las conquistas de ese movimiento estuvo la instauración del Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación (FORTE), que los estudiosos de los sistemas de pensiones en México podrían identificar como la primera afore en el país.
Más de medio millón de empleados de la SEP —de áreas centrales, de la autoridad educativa de la CDMX y de las entidades federativas— lograron meter 15,000 millones al fideicomiso, para el cierre del sexenio peñista.
El deterioro de las percepciones de los jubilados y pensionados del magisterio nacional se acrecentó el pasado sexenio, sobre todo por la desidia de los altos mandos de la SEP. Entre ellos sobresale el contador tlaxcalteca Óscar Flores Jiménez, quien fungió como titular de administración y finanzas con las secretarias, Delfina Gómez y Leticia Ramírez Amaya.
En el rastreo de los fideicomisos públicos, a mediados del 2021, falló en la recuperación de los 20,000 millones de pesos del Fondo de Retiro para los trabajadores de la SEP (FORTE). La entonces subsecretaria, Thalía Lagunas Aragón alistaba las acciones legales contra los intermediarios financieros que recibieron los recursos y los extrajeron del fideicomiso radicado en Banco Santander.
La presidenta de la institución ibérica, Ana Botín, negoció directamente en Palacio Nacional. El oficial mayor de la SEP y el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, no presentaron las denuncias por el desfalco ante la FGR. La cuenta para cubrir los fondos de los jubilados sigue vacía, mientras que el financiero yucateco Roberto Guzmán ha ofrecido garantías inmobiliarias —cuyo valor estimado son 1,000 millones de pesos— para cubrir emisiones vencidas por 4,000 millones.
Antes de que concluyera el sexenio lopezobradorista, Flores Jiménez renunció a la SEP y se incorporó al gobierno del Estado de México, como secretario de Finanzas. La expectativa de mejorar el desempeño de esa área, empero, ha quedado incumplida, al tiempo que afloran señalamientos contra el exfuncionario federal.
A pesar de su larga trayectoria en el servicio público —que inició con su paisano José Antonio Álvarez Lima— su patrimonio es parvo: dos predios comprados de contado —aunque su ubicación no se precisó en los reportes públicos— un auto y los ingresos de su sueldo como funcionario.
En sus declaraciones patrimoniales recientes no aparecen sus empresas: el despacho Flores, Dorantes & Asesores que ofrece servicios de contabilidad y auditoría desde hace 15 años— y la agencia de viajes Iram, de Tlaxcala.
Ambos emprendimientos también involucran a los hermanos Mercedes Irene y Juan Jesús Dorantes Dávila. La primera estuvo —al igual que Flores Jiménez— en el área de auditoría gubernamental en el primer tramo del sexenio del priista Marco Antonio Mena en Tlaxcala; mientras que el segundo fungió como coordinador de patrimonio e infraestructura educativa en la entidad.
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