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“Mi asunto es tan importante porque va a generar un precedente. Quiero que se sepa que si pierdo lo será por una cuestión de forma, porque el juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, Víctor Octavio Luna Escobedo, nunca estudió el fondo en mi juicio de amparo número 694/2020, que es relevante porque estoy hablando de que la Sedena manda en la Guardia Nacional desde el día uno. Que me castigaron por haber denunciado violaciones a los derechos humanos de las víctimas. No ganan porque yo sea una mentirosa, sino porque alegaron que no es mi firma, ¿eh? Así de ridículo”. Adriana Herrera es mayor de justicia militar.
Contexto…
Desde hace tres años, Adriana, ex-EMP, ex-Sedena y ex-GN, vive una pesadilla. ¿La razón? No haberse prestado como encargada de la Dirección de Vinculación Ciudadana, a incumplir la Constitución o pisotearla como otros mandos militares y a revictimizar a las víctimas, valga la redundancia, de sus excesos.
“El personal militar que está en la Guardia Nacional está desprotegido jurídicamente, porque se nos ordenaba conforme a las disposiciones de Seguridad Pública, como elementos de la Guardia, pero si no obedeces una instrucción contraria a derecho, pues te aplican las disposiciones militares”.
Como encargada de la Dirección de Vinculación Ciudadana, le ordenaron atender todos los casos generados por las acciones de contención a la violencia por parte de guardias nacionales que hubieran aterrizado en uso excesivo de fuerza y que hubieran generado la muerte o lesiones de ciudadanos, aunque eso no le tocaba.
“La primera vez que fui a atender un caso de personas heridas por la GN entendí que el procedimiento que hacían era irregular. A las víctimas las hacen firmar convenios, si se mueren, pues a los familiares (víctimas indirectas), donde se violan una serie de disposiciones que señala la Ley General de Víctimas. No se les garantiza que van a conocer la verdad de cómo sucedieron los hechos, no les permiten ya elevar el caso a la CNDH por el uso excesivo de la fuerza; en la carpeta de investigación no se registran estos convenios y, por ende, no se registran en el Registro Nacional de Víctimas, por eso hay una lista negra de víctimas”.
La ropa sucia se lava en casa
“La GN, como institución nueva, se supone que sería un parteaguas, se supone que empezaríamos de cero, se supone que se eliminó la Policía Federal por supuesta corrupción y yo no iba a hacer ahora parte de una doble violación a las víctimas; o sea, aparte de las lesiones por armas de fuego, se burlan de ellas haciéndoles firmar un convenio con una cantidad que a lo mejor no es la adecuada. Pero lo peor es que no se garantiza precisamente la garantía de no repetición del acto”.
Al negarse a ser parte de estos abusos, Adriana fue castigada y la regresan al Ejército como ministerio público militar en Reynosa. Lo increíble es que la GN no hace el cambio, lo ordena Sedena. ¿Pues no que no son parte del Ejército? Acto seguido se ampara y, casualmente, un juez no le da la suspensión y empiezan a contar los días para incorporarse a su nuevo encargo. Aunque no le dan la suspensión del acto, el procedimiento seguía; sin embargo -inhalen y exhalen-, Sedena le inicia una carpeta por el delito de deserción y cuatro meses después la dan de baja del Ejército sin ningún derecho adquirido durante sus 23 años de servicio.
Adriana continúa con la demanda y tras tres años, el pasado viernes, el juez decidió sobreseer su tema porque no era su firma. Sí, leyeron bien. Porque Sedena argumentó que no era su firma y el juez se las compró.
Frustrada y enojada, continúa contándome…
“Mi firma sí se ve ligeramente diferente porque justamente el día que tenía que ingresar el escrito de desahogo de prevención -se le corta la voz- ese día se metieron a mi casa, en la unidad habitacional militar, militares armados sacaron a mis derechohabientes. Yo no estaba, sellaron mi casa y cinco días después me hablan para decirme que había sido una equivocación, pero ese día se quedó mi computadora, mis escritos y todas mis cosas personales al interior de mi vivienda, ese día se me vencía el término para presentar mi escrito de desahogo de prevención. En la noche concluí y firmé el escrito, lo ingresé al juzgado en el último momento. Estoy segura de que sólo la situación emocional por la que pasaba pudo ser un factor determinante que se proyectó en los rasgos de esa firma.
Justicia selectiva
Habiendo orden de aprehensión en su contra, el juez la cita en hora y día para ir a firmar y cotejar las firmas frente al perito militar de Sedena. Obvio, ella no se presenta. Sabía que la podían agarrar. El juez no le garantizó las medidas de seguridad convenientes; por el contrario, le pide al perito hacer el peritaje con su firma del INE y de la cédula profesional, pero no las toma en cuenta porque tampoco se parece la firma; sin embargo, son documentos oficiales.
Tras leer todo este acoso, persecución y linchamiento
El juez Víctor Octavio Luna Escobedo decidió que, como la firma no se parece, pues -inhalen y exhalen- no hay un interés legítimo del quejoso, léase de Adriana, entonces sobreseyó el tema.
“Estoy en estado de indefensión total. He perdido todo, mi pensión y hasta el servicio médico. Obvio impugnaré la resolución. No me arrepiento. Mira, de verdad, si se regresara el tiempo lo volvería a hacer.
“¿Por qué se aplica el fuero de guerra cuando no estás haciendo funciones en la guerra? Es porque nos quieren controlar, por eso quieren que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, para evitar sacar a la luz sus abusos.
La Constitución señala como violación grave cuando se le incorpora a una persona civil de manera forzosa a las Fuerzas Armadas… Esa es una violación grave. Yo tenía el carácter de civil por una excepción constitucional al ser separada de la Secretaría de la Defensa e incorporada a la GN. El juez, pudiendo haber hecho todo este tipo de análisis, se fue por la del camino más fácil. Además, déjeme decir que señalé a seis autoridades como responsables en mi juicio, y a los seis los ascendieron al grado inmediato. Esa es la recompensa que le dan a los que obedecen órdenes, aunque sean contrarias a derecho…”.
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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.
Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.
