Sospechas de adulteración y corrupción tras incendio en La Rojeña

Por Arturo Rodríguez García

Hace un par de semanas, en este espacio, se expuso el riesgo que enfrentaría la industria tequilera, en el caso de que los resultados del peritaje de las autoridades jaliscienses difieran de las versiones preliminares sobre las causas del incendio en la fábrica La Rojeña, propiedad de la firma líder en ventas Casa Cuervo.

La planta, ubicada en el centro del municipio de Tequila, Jalisco, se dijo, tuvo un relajamiento en las medidas de seguridad mientras se realizaban trabajos de soldadura. Pero con el paso de los días se propaló la idea de que ahí se usaba alcohol para la elaboración del producto.

Hay un sector dentro de la industria que se encuentra preocupado porque –dado el poder que tiene la tequilera de Juan Domingo Beckmann Legorreta– vaya a existir un sesgo por parte de las autoridades para encubrir un suceso que puede costarle a todos los mexicanos la denominación de origen de esa icónica bebida. 

El Consejo Regulador del Tequila (CRT), que preside Miguel Angel Domínguez Morales, asegura que todas las empresas agremiadas son sujetas a estrictos procesos y exhaustivas supervisiones a fin de garantizar la NOM-006-SCFI-2012, referente a evitar adulteración del tequila desde su producción. Sin embargo, no son pocos los que aseguran que, en realidad, era alcohol de caña altamente inflamable lo que había en las cinco tinas de 219 mil litros, y cuya explosión provocó la muerte de 7 personas. 

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Pero, ¿cómo siendo el CRT un ente tan estricto se puede adulterar el tequila? La respuesta, explican a este columnista, está en el coyotaje que existe entre los agaveros para la compra de predios en mal estado. Esto es que se adquieren terrenos con agave que no cumple con los requisitos mínimos, que se quedaron cortos por alguna u otra razón ( tal vez trasplantaron hijuelos de 3ª o 4ª generación o no lo fertilizaron ni recibió mantenimiento alguno y cada agave pesa apenas entre 1 a 4 o 5 kilos como máximo, cuando las piñas maduras pesan mínimo 25 o hasta 70 u 80 kilos). 

Esta práctica y las ofertas de compra se pueden constatar hasta en Facebook e Instagram en páginas como “Tequila 100” o “Tequileros, and industry of Tequila”, que son grupos públicos de más de 87 mil miembros, en los que se ofertan este tipo de predios de estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán. ¿El objeto del deseo de estos predios? Las guías de traslado o pasaportes que expide el CRT para poder transportar el agave del predio a la fábrica de tequila. 

Este documento es casi imposible de falsificar por su medidas de seguridad, número de folio de recibo de pago, fecha de emisión, vigencia, lugar de expedición, datos del propietario, domicilio y datos del predio, ID de plantación que es un número de seis dígitos, año de la plantación, municipio, localidad, cantidad de piñas, sello y firma del representante del organismo. 

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Cuando un agavero vende un predio de este tipo, el CRT emite de cinco a ocho  guías por hectárea por cada camión de 20 toneladas de agave. Con esa guía la fábrica avala que ingresó al inmueble un camión de 20 toneladas por cada una y que supuestamente recibió esas 160 o 180 toneladas de agave por hectárea en su fábrica. 

Así pueden hacer la mezcla en frío con alcohol de caña y/o de maíz con el tequila y embotellarlo como si fuera 100% de agave. Además de esta práctica, existe otra más descarada y burda, que es la compraventa en el mercado negro de guías que se venden a 50 mil pesos. 

A reserva de lo que determinen las autoridades del gobierno de Enrique Alfaro, éste sería un buen momento para que tanto la Dirección General de Normas, perteneciente a la Secretaría de Economía, de Raquel Buenrostro, así como la Entidad Mexicana de Acreditación trabajen en conjunto y cuiden un negocio valuado en poco más de 57 mil millones de pesos y no le dejen toda la chamba al CRT. El departamento Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau de los Estados Unidos, ha abierto una investigación junto con la FDA y CBP para llegar al fondo de este tema.

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