Redacción El Coahuilense
Por: Jesús González Schmal
La estocada dada al último reducto de la defensa o contrapeso del poder presidencial se logró con la ominosa perdida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al reelegir a Rosario Piedra en la sesión en la que Adán Augusto López ordenó a sus serviles senadores clavarla hasta la empuñadura.
La puntilla se colocó automáticamente en el Senado al extinguir al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Los ciudadanos quedaremos indefensos, a ciegas, sin información pública, ni tampoco instancia alguna para ejercer la soberanía popular frente a un gobierno omnipotente (autocrático). El Plan C de López Obrador, sin cambiar una coma, ha sido obedecido mediante el mecanismo de la fusión del Poder Ejecutivo con el Legislativo consumándose de facto un golpe de Estado.
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Ello ha ocurrido después de haber aniquilado al Poder Judicial mediante la interpretación absurda de que no podía ser cuestionada reforma constitucional alguna, supremacía constitucional (sic), así haya sido aprobada con todas las violaciones formales y de fondo en el mismo poder desertor del régimen constitucional, al que debería ceñirse precisamente como límite de sus facultades.
En ocasión de la celebración de los 200 años de la primera Constitución del México independiente (1824) el 10 de octubre último, en la Casa de Coahuila de la Ciudad de México, presidida por Lilia Cárdenas, hacíamos un parangón de nuestro días políticos con lo ocurrido en el Congreso Constituyente de 1917, que se iniciara convocado para la reforma de la precedente de 1857 y, dado el contenido revolucionario de la iniciativa presidencial de Venustiano Carranza, se repuso la convocatoria para una nueva Constitución, por lo mismo ante un “poder constituyente originario”, por la trascendencia del contenido sustancial de la iniciativa.
Se integró con 128 diputados de la República que dieron lugar a la primera Constitución social demócrata del mundo, que incluía garantías sociales y garantías individuales sin alterar los pilares fundamentales del Estado, adoptados un siglo atrás (precisamente para garantizar la independencia recién lograda).
Fue sustento inconmovible desde hace dos siglos el nacimiento de un Estado nacional e independiente, así como la adopción del modelo republicano, democrático, federal y el ejercicio de la soberanía depositado en tres poderes independientes con funciones y competencias definidas.
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Ese es el cimiento que se pretende demoler en las actuales llamadas reformas de la 4T, que no pueden concernir a un “constituyente permanente” porque en rigor se trata de la abrogación fundacional de un congreso originario, por lo que vivimos un golpe de Estado que derriba desde su primer piso, todo el edificio, bajo la suplantación de la “representación del pueblo”, que ya no se ejercerá a través de los tres poderes (Judicial, Legislativo y Ejecutivo) en el mapa de una Federación que unifica a la nación como República integrada por estados autónomos, sino degradada a una fusión perniciosa de gobierno y partido que interrumpe la vigencia del régimen del estado democrático para suplantarlo por un nuevo régimen de centralismo autoritario.
En este escenario no podemos sino repasar la historia para tratar de aprender de ella: El 20 de noviembre celebramos 114 años del aniversario de la Revolución Mexicana en 1910, la primera insurrección de contenido social del siglo XX y considerada pionera de las sucesivas.
Lo que no celebrábamos, sino deberíamos avergonzarnos, para no repetir lo que sucedió apenas meses después en 1913, cuando el Senado de la Republica ungía como presidente a Victoriano Huerta después de que la Cámara de Diputados había legitimado a Pedro Lascuráin, secretario de Gobernación coronado por los Yunes de entonces, para transferir el poder al traidor y asesino del presidente y vicepresidente legítimos.
Tan ominosos recuerdos tienen que conmovernos porque, como lo dice la fatídica sentencia: podríamos “tropezarnos con la misma piedra”.
No es concebible con sano juicio admitir que un uso desbordado de las atribuciones de la Presidencia de la Republica de López Obrador se haya rematado utilizando la conmemoración de la Constitución de Querétaro el 5 de febrero de 2024 para dejar la orden a su sucesora de sepultarla y erigir un nuevo régimen frontalmente distinto, mediante la subversión de los Poderes de la Unión.
En el salón auditorio de la casa de Coahuila en la Ciudad de México se encuentran como retablo tres grandes pinturas correspondientes a Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Miguel Ramos Arispe. Su visibilidad en la ceremonia nos obligó a invocar el legado de los tres grandes coahuilenses, que está sufriendo una afrenta: 1.- Al Apóstol de la Democracia, al suplantar la voluntad popular (sin sufragio efectivo…), como lo solía hacer Porfirio Díaz y sus científicos, mediante una simulación para afirmar que el elector votó para abrogar la Constitución y mantener un poder unipersonalizado del Estado; 2.- Al Varón de Cuatro Ciénegas al consentir la abyección del Poder Legislativo, cuando el propio presidente constitucionalista admitió, aprobó y promulgo las múltiples reformas y adiciones a su iniciativa cuando estas fueren en beneficio y progresivas de las garantías del ciudadano y 3.- Al Padre del Federalismo que aportó a la Constitución de 1824 porque su existencia era vital para mantener la integridad del territorio nacional, en lo político y para su defensa.
¡La similitud es imponente! La víctima, con o sin derramamiento de sangre, es la misma: la comunidad nacional cohesionada por una ley suprema no podría justificarse con la falta o falsificación de la División de Poderes. La fusión fáctica y hegemónica de dos de ellos y la extinción mediante procedimientos artificialmente electorales son antitéticos del Estado de derecho en el que descansa una República. Costará todo el sacrificio de una generación para revertir la iniquidad.
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