Redacción El Coahuilense
Por Jesús González Schmal
Han transcurrido más de 13 años de aquel terrorífico 18 de marzo de 2011 cuando el municipio de Allende, Coahuila, y otros de la zona de los cinco manantiales, fueron arrasados por la organización criminal Los Zetas al mando del Z40 y Z42, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, quienes, con su contingente de pistoleros con armas largas, muchos de ellos desertores de las Fuerzas Armadas nacionales y el refuerzo de exkaibiles de Guatemala, controlaban los amplios territorios del norte de Coahuila.
Ese día también liberaron a los presos de la cárcel de Piedras Negras, quienes, armados inmediatamente, ayudaron con la operación. Era gobernador del Estado Humberto Moreira y el comandante de la VI Zona Militar, el general Luis Crescencio Sandoval.
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Irrumpieron en la madrugada en pickups repletas de sicarios en las bateas, al lado de maquinaria pesada con la que derrumbaron casas, las cuales saquearon y asesinaron a sus moradores; también incendiaron ranchos y galerones y robaron maquinaria agrícola y ganado. Alrededor de 300 vidas fue el saldo del asalto. A las víctimas se agregan las personas que huyeron y no se sabe de ellos.
Hacia mediados de 2018 las víctimas que se salvaron (alrededor de 60) lograron que la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Luis Raúl González emitiera la recomendación OVG/2018, la cual obliga a las autoridades federales y locales a aprehender, procesar y sentenciar a los autores del desastroso crimen masivo y, desde luego, proteger de inmediato a las víctimas. Tal responsabilidad quedó a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) nacional para garantizar sus derechos a la atención médica, física y psicológica y a la reparación del daño y las indemnizaciones correspondientes. Obviamente se incluía la responsabilidad de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno que, coludidos u omisos, habían contribuido a la consumación de hechos que Juan Alberto Cedillo relata en su libro La masacre de Allende. Crónica de un crimen de Estado (Editorial Terracota, 2023).
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Pese a las presiones nacionales e internacionales habidas en los gobiernos anteriores y el actual, ni la CEAV nacional ni el gobierno de Coahuila que ofreció intermediar en defensa de las víctimas, han movido un dedo; el exgobernador Miguel Riquelme y el casi expresidente López Obrador han optado por dejar a las víctimas en el desamparo y abandono, lo que configura en términos de convenciones internacionales una “revictimización”. Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas acudieron a Coahuila a ofrecer disculpas a las víctimas y desde entonces mudaron de cargos y se olvidaron de la justicia prometida por la 4T.
El 15 de enero de este año, el periodista Alejandro Domínguez en su noticiero, y posteriormente en su columna en Milenio, entrevistó a tres de las víctimas que eran entonces todavía niñas o jovencitas: Julia, Yuliana y Silvia. Viven semiocultas porque ni siquiera los procesos de investigación del Ministerio Público federal se han concluido y temen ser objeto de otro atentado; le expresaron el viacrucis de espera de años, acrecentando su sufrimiento y dolor por la muerte de sus seres queridos, como padres y hermanos; además, la pérdida de todos sus bienes para subsistir se agrava ahora con el burocratismo de la CEAV nacional que quiso desvincularse de su obligación de cumplirles sus derechos contenidos en la Ley Federal de Protección a Víctimas que reglamenta el inciso C del artículo 20 de la Constitución y los tratados internacionales relativos. Es incuestionable que el involucramiento de las autoridades en sus tres niveles, así como la responsabilidad del Ejército, obligaban a la CEAV nacional con las víctimas.
Estos derechos y garantías fueron reconocidas por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa que les concedió el amparo 440/2023, el cual fue ratificado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 500/2023 que, incluso, recibió en abril pasado la queja 211/2024 por su incumplimiento.
Han transcurrido los sexenios de Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) y las víctimas esperan justicia o simplemente respeto a sus derechos humanos. Trece años de sufrimiento después del inenarrable suceso es un precio de barbarie política que no puede ser ignorado.
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