¿Y el impuesto verde, apá?

Por Arturo Rodríguez Garcia

En Nuevo León, que gobierna Samuel García, están más que preocupados por los niveles de contaminación en el aire que, ante la sequía y altas temperaturas que se avecinan, podrían llegar a niveles históricos. La ciudad de Monterrey constantemente figura como una de las más contaminadas de América Latina, pues las partículas PM10 presentes en el aire de la capital neoleonesa rebasan continuamente los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las autoridades estatales, específicamente la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alfonso Martínez Muñoz, han señalado que la industria privada es una de las que más contribuye a los altos niveles de contaminación. 

Entre las señaladas figuran empresas como Ternium; siderúrgica señalada por emitir grandes cantidades de dióxido de carbono (CO₂) Cemex por sus emisiones de benceno, cromo, cadmio, arsénico y mercurio, Iberdrola, la empresa energética que ha reportado emisiones considerables de CO₂ y formaldehído. Nemak, que se dedica a la fabricación de componentes automotrices, ha sido señalada por emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono en su planta de García. Zinc Nacional, planta de reciclaje de residuos peligrosos en el área de Monterrey que ha sido objeto de investigaciones por la emisión de metales pesados como plomo, cadmio y arsénico. 

Y justamente una de las primeras medidas que implementó esta nueva administración fue la del llamado “impuesto verde”, mediante el cual, desde su inicio, se buscaba por un lado incentivar a la industria a invertir en procesos ecológicos en lugar de pagar al Estado dicho gravamen y por otro lado, la recaudación se destinaría a proyectos y acciones que busquen mitigar la contaminación.

El problema es que hasta hace poco la dependencia que lleva Martínez Muñoz se limitaba a presentar informes de acciones que en teoría realiza en favor del medio ambiente pero sin brindar cifras de lo recaudado ni tampoco el uso detallado de dichos recursos, argumentando que la Secretaría no tiene dentro de sus atribuciones el planificar, organizar y controlar los dineros y que dicha labor es exclusiva de la Tesorería General. 

Ante la presión del Congreso local, especialmente de la bancada del PAN, liderada por  la diputada Claudia Caballero, que ha solicitado la comparecencia de Martínez Muñoz para que aclare por qué la opacidad del tema, la Tesorería estatal salió al quite e informó que del 2022 al 2024 se han recaudado 4 mil 772 millones de pesos por concepto de impuesto ecológico.

Así mismo, informó que el Estado ha invertido más de 8 mil 500 millones en obras como ampliar las líneas del Metro, renta de camiones ecológicos, mantenimiento de áreas verdes, etc. Todo ello, en medio de días con altas concentraciones de contaminación atmosférica en el Área Metropolitana de Monterrey y sin informar cuántas y cuáles son las empresas que aportan el impuesto verde.  

Lo cierto es que si Samuel García realmente quiere hacer algo por mejorar el aire que respiran los regiomontanos, antes tendrá que ser más transparente en cuanto al uso que le da al impuesto verde, pero sobre todo más eficiente en cuanto a resultados de mitigación ambiental pues, ¿para eso es, no?

Cuarto galardón

En la reciente entrega de reconocimientos Empresas Excepcionales, uno de los organismos que alzó por cuarta ocasión el galardón que otorga el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Voz de las Empresas y el Instituto para el Fomento a la Calidad (IFC), fue la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Raúl Tornel y Cruz, esto al ser reconocida en las categorías por favorecer la diversidad, equidad e inclusión, y por innovar el modelo de negocio. 

Este organismo además de trabajar con autoridades, asociados, consejeros, academia, clientes y diversos sectores para consolidar su liderazgo en México y el extranjero, registra 8 mil 200 acreditaciones otorgadas mismas que tienen alcance en más de 16 países. 

La EMA tiene la encomienda de acreditar laboratorios, unidades de inspección y organismos de certificación, para garantizar el cumplimiento de normas en varios rubros como el de salud.

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